Juez Cormick multó al Gobierno con $100.000 diarios por romper la Ley de Financiamiento Universitario

El lunes 14 de octubre de 2026 el juez federal Martín Cormick dictó una medida cautelar que impone al jefe de Gabinete de Ministros una multa de cien mil pesos argentinos por día, hasta que el Ejecutivo cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.427). La decisión se tomó en la causa que reclama la Universidad Nacional de Córdoba por la falta de recursos asignados para el ciclo lectivo 2026.

La medida judicial y su fundamento

Según el fallo, el Estado incumplió el artículo 5 de la citada ley, que obliga a destinar un porcentaje fijo del presupuesto nacional a la financiación de las universidades públicas. El juez señaló que la ausencia de los fondos compromete la continuidad de carreras, la investigación y la movilidad estudiantil, y que la multa diaria es la herramienta necesaria para garantizar la ejecución inmediata.

Reacción del Ejecutivo

El jefe de Gabinete, Óscar Martínez, calificó la sanción de “excesiva” y anunció que el gobierno revisará el presupuesto para evitar el acúmulo de multas. En un comunicado, el Ministerio de Economía manifestó que la reasignación de recursos requiere tiempo y que se está trabajando en un plan de financiamiento alternativo que respete la normativa.

Impacto en la universidad y la comunidad académica

Los rectores de la Universidad Nacional de Córdoba y de otras casas de estudio públicas celebraron la decisión judicial como una victoria para la educación superior. Los estudiantes, que habían organizado protestas en la Plaza San Martín la semana pasada, vieron en la medida una señal de que el sistema judicial puede ser un contrapeso frente a la inercia del poder ejecutivo.

Antecedentes y riesgos de incumplimiento

Esta no es la primera vez que la justicia interviene en temas de financiamiento universitario. En 2022, la Corte Suprema confirmó la constitucionalidad de la Ley de Financiamiento Universitario y, en 2024, se impusieron sanciones parciales a provincias que no respetaron los porcentajes obligatorios. El incumplimiento continuo podría derivar en multas acumulativas que superen los millones de pesos, afectando la capacidad de gasto del Gobierno.

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