La CGT Se Pronuncia: Recusación a Jueces Laborales y Peticiones de Anulación de Fallos sobre la Reforma Laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha presentado un escrito ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en el que recusa a integrantes de la Sala VIII, solicita la nulidad de una resolución clave y pide su revocatoria. Este planteo apunta directamente contra la decisión que otorgó efecto suspensivo a la apelación del Estado nacional frente a una medida cautelar que había frenado aspectos de la reforma laboral.

En el documento, la central obrera cuestiona con firmeza el accionar judicial y advierte que el fallo «ha sido dictado por jueces comprendidos en causas legales de recusación, con clara ausencia de competencia y sobre la base de manifiestos yerros». Según sostiene, esta situación genera un «gravamen irreparable» para los trabajadores. En ese marco, también señala que el cuadro actual «avergüenza la tradición de la Justicia Nacional del Trabajo».

Uno de los ejes principales del planteo es la recusación del juez Víctor Arturo Pesino. La CGT afirma que su intervención está «viciada» por haber recibido un beneficio del Estado nacional, en referencia al impulso oficial para extender su permanencia en el cargo tras haber cumplido 75 años, situación que no solo representa una conducta contraria a la ética, sino que configura una causa objetiva de apartamiento y evidencia una posible «asociación de beneficios mutuos» entre el magistrado y el Poder Ejecutivo.

Además, el escrito también cuestiona a la vocal María Dora González, a quien, junto con Pesino, acusa de haber «prejuzgado» sobre el fondo del asunto al intervenir sobre la cautelar antes de que el expediente llegara formalmente a su conocimiento. Otro punto central del reclamo es el pedido de nulidad absoluta de la resolución dictada el 23 de abril. Según la CGT, la Sala VIII carecía de competencia para intervenir, ya que la causa debía tramitar en otra sala conforme al principio de prevención.

La CGT también denuncia que la decisión fue adoptada sin dar intervención a la parte actora, lo que, según afirma, vulneró el derecho de defensa y evidenció una «manifiesta parcialidad» en favor del Estado nacional. Asimismo, cuestiona el contenido del fallo, en particular, rechaza que se haya otorgado efecto suspensivo a la apelación estatal, lo que dejó sin efecto práctico la medida cautelar que protegía derechos laborales.

Finalmente, la CGT dejó planteada la reserva de caso federal para acudir a la Corte Suprema y anticipó la posibilidad de recurrir a organismos internacionales. Según advirtió, están en juego «derechos de máxima raigambre constitucional», como la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la libertad sindical.

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