La concentración corporativa en Cuba: GAESA y el monopolio del hambre

En un informe presentado ante la ONU, el observatorio Food Monitor Program (FMP) denunció la responsabilidad del conglomerado militar GAESA en la profundización de la crisis alimentaria en Cuba. Según el documento, el grupo empresarial ejerce un monopolio sobre divisas, importaciones y cadenas de distribución de alimentos, lo que ha llevado a una situación de desabastecimiento para la población cubana.

El informe sostiene que GAESA representa la expresión más acabada de un modelo de ‘capitalismo administrativo’ que opera en beneficio de la élite militar cubana. A través de empresas bajo su dirección, como Flora y Fauna S.A., el conglomerado centraliza el acceso a recursos naturales con valor alimentario y los orienta hacia la exportación, mientras la población que los produce enfrenta desabastecimiento.

Según FMP, el 96% de los cubanos perdió capacidad de adquisición de alimentos en los últimos años, de acuerdo con su encuesta nacional de seguridad alimentaria de 2024. El informe señaló que GAESA respondió a esa contracción, no con medidas de abastecimiento interno, sino con la digitalización de la comercialización de alimentos, un sistema que orienta la oferta hacia quienes reciben remesas del exterior y convierte a la diáspora cubana en el mercado prioritario.

La extracción de divisas se impone sobre el derecho a la alimentación de la población residente. El impacto del conglomerado sobre la agricultura cubana es cuantificable: Cuba importa el 80% de los alimentos que consume, mientras la producción agrícola nacional registró una caída del 67% en los últimos cinco años, según datos documentados por el observatorio. El informe atribuye este retroceso a la posición privilegiada de la élite política, sostenida en el monopolio sobre la importación y circulación de mercancías, que desalienta la producción interna y perpetúa la dependencia de los mercados externos.

Los productores cubanos operan bajo un marco normativo centralizado que elimina los incentivos para invertir y crecer. El sector privado enfrenta regulaciones sin consenso: topes de precios, alzas tributarias, restricciones de importación de insumos y una burocracia provincial que bloquea la comunicación entre los agricultores y las autoridades. La toma de decisiones permanece en manos exclusivas del Estado sin mecanismos de participación real para los actores productivos.

Food Monitor Program recogió en el documento un testimonio que refleja esa realidad: ‘No es justo que nosotros, los que vivimos y trabajamos la tierra, no tengamos el control sobre lo que producimos, cómo lo hacemos o a quién le vendemos’, declaró un campesino a la organización. Otro productor describió así el proceso de consulta con las autoridades: ‘Las organizaciones campesinas han tenido su espacio en algunas discusiones de políticas agrarias, pero al final, parece que las decisiones vienen de arriba y nosotros solo estamos ahí para hacer bulto. A veces da la impresión de que solo nos usan para legitimar lo que ya tenían decidido’.

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