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La Guerra Comercial de Trump: Aranceles y tensión con Canadá y Brasil

La administración de Trump anuncia una nueva arquitectura arancelaria que afectará a 60 socios comerciales, incluyendo a Canadá y Brasil.

La Guerra Comercial de Trump: Aranceles y tensión con Canadá y Brasil

La administración de Donald Trump ha anunciado una nueva arquitectura arancelaria que afectará a 60 socios comerciales, incluyendo a Canadá y Brasil, en una medida que se considera la ofensiva comercial más amplia desde el colapso judicial de febrero.

Según el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, la nueva estructura arancelaria se basa en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una base legal que se considera más robusta que los poderes de emergencia que el Supremo invalidó.

La Oficina del Representante de Comercio (USTR) determinó que 60 economías no han prohibido ni aplicado de forma efectiva sanciones contra la importación de bienes fabricados con trabajo forzado, tras audiencias públicas celebradas en julio con testimonios de gobiernos, industrias y grupos empresariales.

Los aranceles se dividirían en dos niveles: 10% para países con prohibiciones parciales, entre ellos Canadá, la Unión Europea, México, el Reino Unido y Taiwán, y 12,5% para las economías sin ninguna legislación al respecto, categoría que incluye a China, India y Japón, entre otras cuarenta.

La tensión se refleja en la respuesta de Canadá, donde el primer ministro Mark Carney calificó los aranceles de «violación directa» del T-MEC y anunció que su país está dispuesto a «intensificar las discusiones» con Washington.

En el caso de Brasil, el arancel del 25% sobre la mayoría de los productos brasileños entró en vigor el martes, tras una investigación de un año sobre prácticas desleales en áreas que van desde el comercio digital hasta el acceso al mercado de etanol.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva rechazó la medida como infundada y anunció que la impugnará ante la Organización Mundial del Comercio, citando un superávit acumulado de $424.500 millones de dólares de Washington con Brasil en quince años.

La investigación sobre trabajo forzado podría sumar un 12,5% adicional, elevando la carga total al 37,5%, en vísperas de las elecciones presidenciales de octubre.

La acumulación de frentes traza el contorno de una política que, a falta de los instrumentos anulados por el Supremo, opera mediante investigaciones sectoriales diseñadas para reproducir por otra vía el alcance global que la Casa Blanca buscaba desde el inicio del segundo mandato.

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