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La guerra de Sheinbaum contra los cárteles: una lucha política y no solo armada

La lucha de Sheinbaum contra los cárteles es una lucha política y no solo armada, ya que los cárteles han tenido estrechos vínculos con las autoridades mexicanas durante más de un siglo

La presidenta mexicana se enfrenta a un desafío mayor que los cárteles

Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, no se deja intimidar por las amenazas de Donald Trump, quien insiste en que debe atacar a los cárteles mexicanos. Sin embargo, Sheinbaum sabe que el problema es más complejo y que la fuerza sola no es la solución. En México, los cárteles no solo son un enemigo del Estado, sino que también forman parte de él.

La colusión entre políticos y cárteles

La historia de México muestra que los cárteles han tenido estrechos vínculos con las autoridades mexicanas durante más de un siglo. Incluso después de la transición a la democracia en el año 2000, la colusión entre políticos y cárteles no cesó. Hoy en día, los cárteles se han fragmentado y los jefes criminales actuales se parecen más a señores feudales que dominan territorios y extorsionan a comercios locales.

El caso de Tabasco

Un ejemplo de esta colusión es el caso de Hernán Bermúdez Requena, un político que se desempeñó como funcionario de seguridad en Tabasco y que, según documentos de inteligencia militar, ayudaba en secreto a dirigir un grupo criminal local. Su patrocinador político, Adán Augusto López Hernández, es un amigo cercano de AMLO y actualmente senador de Morena.

La lucha de Sheinbaum

Sheinbaum ha adoptado un enfoque más duro en la lucha contra el crimen que AMLO, pero su empuje tiene sus límites. Aunque ha enviado tropas a la frontera con Estados Unidos y ha transferido a presuntos líderes de cárteles a Estados Unidos, su gobierno ha insistido en un compromiso de «impunidad cero», pero habla poco sobre las estructuras políticas que asisten a las organizaciones criminales.

Un proceso de justicia transicional

Figuras dentro y fuera de Morena han propuesto un proceso de justicia transicional, que utilizaría tribunales y comisiones de la verdad para desmantelar y exigir responsabilidades a las redes de protección de México. Sin embargo, este proceso podría tener un enorme costo político para Morena y socavar la legitimidad del partido.

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