La Junta de Paz de EEUU exige al nuevo comité palestino que tome el control de las armas en Gaza

La Junta de Paz creada por el gobierno de Estados Unidos para la reconstrucción de Gaza ha instado al nuevo comité tecnócrata palestino a tomar el control de todas las armas en el territorio. Esta medida busca acelerar la transición administrativa en la Franja de Gaza y superar el principal punto de fricción que mantiene estancado el proceso en el terreno.

El Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), que opera provisionalmente desde El Cairo, fue establecido bajo el amparo de la Junta de Paz durante las negociaciones que alcanzaron el alto el fuego entre Israel y Hamás en octubre de 2025. El órgano está encabezado por el ingeniero palestino Ali Shaath, ex viceministro de la Autoridad Palestina, y cuenta con un gabinete de 13 comisionados independientes, todos originarios de la Franja de Gaza.

La lógica detrás de la conformación de este comité técnico responde a la necesidad de contar con un interlocutor desvinculado de las milicias armadas para poder canalizar los fondos internacionales de reconstrucción. Sus miembros son especialistas en infraestructura, salud, finanzas y telecomunicaciones con arraigo en la sociedad civil local y el sector privado palestino, lo que garantiza una estructura burocrática alejada de la primera línea de los partidos tradicionales.

Shaath coincidió con la postura de los mediadores internacionales al declarar en un comunicado oficial que el éxito de la nueva gestión técnica depende estrictamente de subordinar todo el armamento del enclave a una sola estructura legal reconocible. El principio fundamental es el siguiente: una sola autoridad, una sola ley y una sola arma, señaló por su parte la Junta de Paz en la red social X.

La Junta de Paz, presidida por el mismo Trump, funciona como el órgano multilateral de supervisión y mediación internacional derivado del plan estratégico de 20 puntos de la Casa Blanca. Su objetivo central es coordinar la estabilización de la posguerra y actuar como el principal canalizador y auditor de las partidas financieras globales destinadas a la reconstrucción de la infraestructura del enclave, condicionando la entrega de los recursos económicos a la instauración de un orden civil transparente y desvinculado de las milicias.

Pese al anuncio de Hamas, analistas y fuentes diplomáticas consideran la medida como un movimiento fundamentalmente simbólico destinado a trasladar la presión política. Aunque el portavoz de Hamas, Hazem Qasem, aseguró que el grupo renuncia a la gestión administrativa para privar a la ocupación de cualquier pretexto, la organización islamista mantiene su rechazo al desarme inmediato si no se consolida una iniciativa política palestina amplia.

La transición hacia la segunda fase del acuerdo —que estipula el desarme de los grupos terroristas y el retiro progresivo de las tropas israelíes— lleva meses paralizada. En el terreno, la situación humanitaria y de seguridad continúa deteriorándose en el marco de acusaciones cruzadas de violaciones al cese al fuego. Desde la entrada en vigor de la tregua, al menos 1.072 palestinos han muerto en la Franja de Gaza, según datos del Ministerio de Salud local considerados fiables por la ONU. Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel han reportado seis bajas en el mismo periodo, correspondientes a cinco soldados y un contratista civil, mientras el gobierno israelí mantiene su negativa tanto al retorno de Hamas como al desembarco de la Autoridad Palestina en el territorio.

La situación en Gaza sigue siendo un punto de fricción en la región, y la Junta de Paz continúa ejerciendo presión para que el nuevo comité palestino tome el control de las armas en el territorio. Esto podría ser un paso importante hacia la estabilización de la región y la reconstrucción de la infraestructura de Gaza.

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