La OEA advierte que la reforma constitucional de Ortega y Murillo encierra la democracia nicaragüense

La Organización de los Estados Americanos (OEA) lanzó este miércoles una dura advertencia contra la reforma constitucional que está impulsando el gobierno sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Según el secretario general Albert Ramdin, los cambios aprobados en primera instancia reducen los espacios de competencia política y convierten la Carta Magna en una herramienta para excluir a los opositores.

Una reforma que amplía el mandato y cierra la cancha para la oposición

El proyecto, ya aprobado por la Asamblea Nacional dominada por la copresidencia, eleva de seis a siete años la duración del mandato de Ortega y Murillo. Además, incorpora una figura de «traidor a la patria» que impedirá a cualquier ciudadano catalogado como tal presentarse a cargos públicos. La medida, según la OEA, transforma la Constitución en un mecanismo para silenciar voces disidentes y limitar la alternancia democrática.

Impacto en el calendario electoral y en la institucionalidad

Con la reforma, el calendario político también se modifica: las elecciones generales previstas para noviembre de 2026 se postergan a noviembre de 2027. La normativa todavía debe pasar una segunda aprobación en la próxima legislatura, pero el simple hecho de haberla aprobado en primera instancia ya evidencia el empeño del régimen por consolidar su permanencia en el poder.

Antecedentes y reacciones internacionales

Esta no es la primera vez que Nicaragua altera su Carta Magna. En 2025 se aprobó una reforma que cambió más de un centenar de disposiciones y concentró atribuciones en la copresidencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió en agosto que esas medidas podían generar una dictadura de facto, al eliminar las condiciones necesarias para la alternancia y restringir la competencia política.

Desde Washington, el secretario de Estado Marco Rubio pidió suspender las relaciones comerciales habituales con Managua, señalando que la Asamblea Nacional «socavó la ficción democrática de Nicaragua». La administración de Donald Trump ya había anunciado su disposición a adoptar sanciones por violaciones de derechos humanos.

La OEA prepara una respuesta regional

El Consejo Permanente de la OEA aprobó la convocatoria de una reunión de cancilleres para discutir la situación en Nicaragua. Ramdin vinculó el avance legislativo con el deterioro general de las instituciones nicaragüenses y recordó que los compromisos asumidos en la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana prohíben este tipo de restricciones al pluralismo político.

El secretario general subrayó que los ciudadanos nicaragüenses merecen instituciones que protejan sus derechos y no los limiten. Insistió en que la población debe conservar la posibilidad de elegir entre distintas alternativas y pidió a la comunidad internacional que mantenga la presión para que se respeten los principios de democracia representativa.

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