Paralelo a la controversia por el proyecto de habilitar una segunda reelección en municipios cordobeses, un grupo de legisladores de la Unicameral solicitaron la realización de un nuevo juicio político contra el Defensor del Pueblo de la Provincia, Mario Decara.
Cabe destacar que esta no es la primera vez que el dirigente radical se enfrenta a un pedido de juicio en la Legislatura.
El pedido surge de los legisladores de la Coalición Cívica y Encuentro Vecinal Córdoba, quienes cuestionaron el uso partidario del espacio de la Defensoría del Pueblo.
Esta adhesión de la figura de Decara a la controvertida ‘re-re’ se origina luego de que el mismo hubiera recomendado al Intendente de Tanti, Luis Azar, que dicte una ordenanza para rodear los límites impuestos por el Código Electoral Provincial.
Según los legisladores, el accionar del Defensor del Pueblo constituye una infracción a la Ley 7.741, que establece lo siguiente:
«El Defensor del pueblo no podrá participar en actividades políticas, sindicales o gremiales (…); ni ejecutar acto alguno que comprometa la imparcialidad de sus funciones.»
Extracto del texto de la Ley Provincial 7.741
En diálogo con Radio Universidad, María Rosa Marcone, legisladora vecinalista, remarcó que Decara puso a todo el equipo de la Defensoría a disposición «de un grupo de intendentes radicales, algo que no tiene nada que ver con sus funciones».
Sobre esa línea, aseveró que el funcionario está ayudando «a un grupo de correligionarios suyos a encontrar un atajo para no cumplir una ley».
Asimismo, es importante remarcar que la ley de modificaciones al Código Electoral Provincial, N° 10.406, nunca tuvo un pedido de inconstitucionalidad. Al respecto, Marcone mencionó que en cualquier caso Decara podría hacer un pedido formal de inconstitucionalidad.
«El paso es pedir la inconstitucionalidad de la ley, pero no recomendar un atajo para que la ley no se cumpla, porque esa no es su función.»
María Rosa Marcone – Legisladora de Encuentro Vecinal Córdoba
Al pedido de juicio político también se suma una denuncia por un presunto mal uso de fondos. Según Marcone, la Unicameral está en desconocimiento del uso de los 563 millones de pesos destinados en materia de presupuesto a la Defensoría.
De acuerdo a la legisladora, desde su espacio se enviaron notas y pedidos de informe para aclarar la situación, pero hasta ahora no tuvieron respuesta.
