Alrededor de 100.000 trabajadores del Estado Nacional podrían perder sus trabajos con una eventual sanción de la Ley Bases en el Senado.
Así lo dispone el Capítulo IV, referido al empleo público. Dicho apartado flexibiliza las condiciones de estabilidad fijadas en la Ley de Regulación del Empleo Público, sancionada en 1999.
La iniciativa planteada por el oficialismo y que luego recibió la media sanción en Diputados apunta a «reducir el sobredimensionamiento» de la planta pública por medio de una reorganización del Estado Nacional y la privatización de empresas públicas.
En su Artículo 52°, se dispone que «el personal alcanzado por el régimen de estabilidad que resulte afectado por las medidas de reestructuración (…) quedará automáticamente en situación de disponibilidad por un periodo máximo de hasta 12 meses. Cumplido el término de disponibilidad, sin que el trabajador hubiera formalizado una nueva relación de trabajo, quedará automáticamente desvinculado de la Administración Pública nacional».
Aquellos empleados que sean despedidos tendrán derecho a solicitar una indemnización igual a un mes de sueldo por cada año de servicio, o una fracción mayor de 3 meses.
De acuerdo a datos proporcionados por el mismo Gobierno, hasta el mes de marzo la Administración Pública nacional cuenta con 330.000 puestos de trabajo, de los cuales 108.000 pertenecen a empresas públicas, 22.000 a la AFIP y 15.000 a otros entes.
Asimismo, también existen alrededor de 60.000 contratos transitorios. En caso de aprobarse las medidas de reestructuración que planteó el Gobierno, alrededor de 125.000 trabajadores serían desvinculados.
