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Liberación de presos políticos en Venezuela: avances y trabas en la aplicación de la ley de amnistía

La ley de amnistía en Venezuela busca liberar a cientos de opositores detenidos, pero enfrenta demoras y exclusiones en su aplicación.

La ley de amnistía en Venezuela

Más de 100 presos políticos han sido liberados en Venezuela desde el pasado viernes, tras la promulgación de la ley de amnistía aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional. La ley establece el sobreseimiento de causas penales y la libertad plena para cientos de opositores detenidos desde 1999.

Exclusiones y demoras en el proceso

Familiares y organizaciones de derechos humanos denuncian demoras, exclusiones y obstáculos en la aplicación efectiva del beneficio. La organización no gubernamental Foro Penal confirmó que 109 personas recuperaron la libertad en los últimos días, en un proceso marcado por trabas judiciales y protestas de quienes aún esperan una resolución.

Casos de liberación

Entre los recién liberados figuran Nelson Piñero, activista de Encuentro Ciudadano detenido en noviembre de 2023 por publicaciones críticas al chavismo, y Lourdes Villareal, docente y ex dirigente sindical vinculada a la oposición. Piñero expresó que recobró su libertad, una libertad que nunca debió perder porque fue injusta e ilegal.

Frustración y huelga de hambre

La alegría de las liberaciones contrasta con la frustración de cientos de familiares que permanecen fuera de cárceles como El Rodeo I, cerca de Caracas, donde se mantiene una huelga de hambre de más de 200 detenidos que exigen su inclusión en los beneficios de la amnistía.

Massiel Cordones, madre del militar José Barreno, quien lleva más de cinco años en prisión y fue excluido por su presunta participación en la Operación Gedeón, advirtió que la alimentación de los detenidos no es la adecuada para aguantar una huelga de hambre.

Denuncias y exigencias

El Foro Penal y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos han registrado numerosos casos en los que los tribunales se niegan a recibir solicitudes de sobreseimiento o dilatan la revisión de expedientes. Abogados defensores denuncian que los jueces con competencia en terrorismo rechazan tramitar las peticiones, mientras la defensa pública muestra criterios dispares.

El diputado Stalin González exigió que la ley se cumpla sin excusas, advirtiendo que no es un adorno ni un titular, sino una pieza clave de un proceso mayor para reconstruir el país.

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