Durante la jornada del miércoles, el Gobierno Nacional anunció una reforma al sistema migratorio en la Argentina, aplicado a través de una serie de modificaciones a la ley vigente.
El anuncio vino de la mano del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien destacó la medida como una reafirmación de la política que tiene el Ejecutivo en materia de seguridad.
Las modificaciones recaen sobre los requisitos necesarios para solicitar la residencia permanente y la ciudadanía, sumado a un endurecimiento de las acciones contra la inmigración ilegal.
Según Adorni, todo aquel inmigrante con condena será expulsado del país. Mismo destino tendrán aquellos viajeros que mientan en sus declaraciones al ingreso del país.
El vocero remarcó: «de ahora en adelante, cualquier condenado que intente ingresar a través de la frontera será rechazado por las autoridades migratorias, y quienes sean encontrados en flagrancia ingresando por pasos no habilitados serán inmediatamente expulsados».
Otra modificación que introduce el nuevo marco migratorio es que todo inmigrante que esté en el país de forma ilegal, transitoria o temporal deberá pagar por los servicios de salud. El acceso a la universidad también está condicionado, pudiendo cada casa de estudios cobrar un arancel a extranjeros no residentes.
Respecto a los motivos para aplicar esta reforma, Adorni fustigó: «Hoy entra casi cualquiera sin mediar muchas preguntas, y las condiciones de deportación son demasiado flexibles (…). Hoy cualquier condenado con una pena menor de 3 años puede ingresar a la Argentina».
Para el funcionario, la normativa actual «invita al caos y al abuso de muchos vivos que lejos están de venir al país de forma honrada a construir un futuro de prosperidad».
