Por disposición del fiscal del Fuero Penal Económico, Claudio Navas Rial, se imputó al ex jefe de Gabinete, Marcos Peña, y al ex Canciller Jorge Faurie, por su rol en el contrabando de armas y material represivo a Bolivia durante el golpe de Estado del 2019.
La imputación también alcanza al ex secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, quien había sido uno de los ex funcionarios mencionados en la ampliación de la denuncia presentada por el Gobierno Nacional.
En su dictamen, Navas Rial establece que los tres imputados participaron de la «organización y desarrollo de las condiciones necesarias para el envío de los gendarmes y del material armamentístico» al país vecino, cuestión que, de acuerdo a lo recibido por el juez Javier López Biscayart, supone una violación a los estatutos del servicio de Aduana.
La denuncia ampliada, presentada por los ministros de Justicia, Martín Soria; y de Seguridad, Sabina Frederic, sumados a la titular de AFIP, Mercedes Marco del Pont, señalaba a los tres ex ministros como partes activas en la operación de contrabando, presentando incluso un escrito en donde se detallan varias reuniones celebradas por el Gobierno de Mauricio Macri en los días previos al golpe.
En dicho escrito, Tanto Marcos Peña como Pompeo figuran como interventores directos en el envío del material represivo, aparte de facilitar el encubrimiento de los hechos.
