Por medio de un reciente dictamen, el Ministerio Público Fiscal estableció que Uber no puede operar en Córdoba, teniendo en cuenta la regulación vigente.
Así lo dictaminó el fiscal general adjunto Pablo Bustos Fierro, quien remarcó que la aplicación sólo podría funcionar en la capital cordobesa si la Municipalidad declarara su actividad como una de interés público.
Asimismo (continúa el dictamen), Uber debería cumplir con exigencias mínimas «que hacen al orden público en materia de higiene, salubridad, calidad, seguridad o idoneidad», tal y como se establece para cualquier otra actividad privada.
Finalmente, desde el MPF se aseguró que este tipo de cuestiones son ajenas al control del Poder Judicial dado que se tratan de facultades legislativas ya ejercidas por la Municipalidad, citando la Ordenanza 12.859, que regula el servicio de autos de alquiler con chofer.
