El Gobierno Nacional, como parte de su programa de refuncionalización del Estado, anunció el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ).
Estos centros son espacios multidisciplinarios que brindan atención legal gratuita a toda la población.
La decisión quedó oficializada por medio de un comunicado del Ministerio de Justicia, el cual justificó el cierre de los centros dado que los mismos «brindaban de manera ineficiente servicios propios del Poder Judicial y otras dependencias».
Asimismo, desde el Ministerio se remarcó que los CAJ acumulaban empleados de distintas gestiones anteriores, lo cual supone un costo de «más de $8 mil millones por año».
En respuesta a esto, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se declaró el estado de alerta ante la incertidumbre que genera la medida respecto a los 400 puestos de trabajo que podrían verse afectados a despidos.
Estos 400 despidos se sumarían a los 270 registrados por la entidad gremial desde diciembre.
