Pese al rechazo generalizado por parte de varios actores políticos (tanto de Juntos por el Cambio como de Hacemos por Córdoba y la izquierda), el proyecto de legalización de los sitios de apuestas online ya fue ingresado a comisiones para su tratamiento.
Durante el jueves se llevaron a cabo reuniones de las comisiones de Economía; de Educación y de Legislación General, las cuales designaron el proyecto de Ley N°34.7820/L/21.
El mismo había sido presentado a principios de diciembre por los siguientes legisladores:
- Orlando Arduh
- Silvia Paelo
- Darío Capitani
- Raúl Recalde
- Roberto Ambrosio
Tras la exposición de varios legisladores con fundamentos a favor y en contra de la iniciativa, desde la Legislatura se informó que se continuará con el tratamiento de la iniciativa en una próxima sesión.
En tanto, el pedido formal presentado por Juntos-UCR, la Coalición Cívica y Encuentro Vecinal Córdoba para retirar el proyecto de la agenda legislativa no habría sido particularmente fructífera.
¿Qué establece el proyecto?
La ley 34.270, en caso de tratarse y aprobarse (algo que será particularmente difícil teniendo en cuenta la falta de consenso para con la iniciativa), establece la legalización de los sitios de apuestas en línea y los marcos sobre los cuales se garantiza su explotación comercial dentro de los límites de la provincia.
Con respecto a eso, el proyecto determina lo siguiente:
«[La explotación] podrá ser efectuada por personas humanas o jurídicas, entidades públicas o privadas, con domicilio constituído en la provincia de Córdoba.»
Texto del proyecto de Ley 34.270
La autoridad de aplicación para esta normativa es la Lotería de la Provincia de Córdoba, y se prevé la creación de un Registro de Licencias de Juego Online para la inscripción de empresas.
Para ejercer la actividad del juego online se deberá contar previamente con un título habilitante, y sólo se podrá otorgar hasta un máximo de 5 licencias por entidad.
El proyecto también habilita a empresas extranjeras a operar en Córdoba, aunque estas deberán presentarse bajo la modalidad de Unión Transitoria de Empresas (UTE) en conjunto con otra persona jurídica nacional y siempre que estas posean una participación no inferior al 35% respecto de esta última.
