El fiscal general de Córdoba, Juan Manuel Delgado, dieron lugar al pedido de Aurelio García Elorrio y pidieron efectuar una suspensión de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en toda la provincia.
El dictamen, firmado el pasado 3 de agosto por Delgado y su adjunto, Pablo Bustos Fierro, está recusado por dos ONG’s y repudiado por varios sectores políticos cordobeses, los cuales consideran que el recurso presentado por el precandidato de Encuentro Vecinal supone una violación a los derechos de la mujer.
El recurso de amparo de García Elorrio, un ex legislador con un conocido historial de militancia en el sector «celeste», hace referencia al derecho del niño por nacer, argumento que había sido rechazado por el Tribunal Supremo de Justicia en una presentación previa.
Por medio de sus redes sociales, la precandidata del Frente de Izquierda, Laura Vilches, expresó su repudio a la decisión de Delgado. El repudio también se vio entre otros sectores del espectro político cordobés y nacional.
Si bien la IVE se sigue aplicando en Córdoba, con todos los altibajos que supone su aplicación en una provincia donde abundan ciertas posturas de carácter conservador, el dictamen del fiscal puede presentar otro desafío más para la ley sancionada en diciembre del 2020.
En tanto, la presentación de Delgado está en manos del TSJ, el cual tendrá la potestad de decidir sobre el futuro de la ley en Córdoba, y por consiguiente, sobre el derecho de las mujeres y personas gestantes cordobesas de decidir sobre sus propios cuerpos.
