A partir del 1 de enero, las prestadoras de salud cobrarán un copago del 9% del valor de cada prestación solicitada.
La decisión afecta tanto a los afiliados de obras sociales como a los de las distintas prepagas que funcionan en el país.
Es importante destacar que no son las obras sociales las que implementan el sistema de copago.
Por el contrario, son las prestadoras de salud quienes acusan un necesario reajuste inflacionario.
La Federación de Prestadores de Salud (FAPS) lanzó un comunicado en donde explica la complicada situación que vive el sector.
Así, tanto hospitales, sanatorios, clínicas, geriátricos y establecimientos afines aplicarán el copago a partir de enero.
Dado que las obras sociales y prepagas refieren no poder afrontar el aumento en las prestaciones, es el afiliado quien sale perdiendo.
Para sostener el sistema, la FAPS propone un camino alterno en donde todos ganan menos el ciudadano de a pie.
En otras palabras, los platos rotos de la fallida negociación entre las empresas de salud los tiene que pagar el cliente.
Visto con ojos críticos, se trata de un aumento encubierto de un 9% de las prestaciones.
Por cada consulta, estudio o prestación, las instituciones cobrarán el copago que, en algunos casos, no podrá pagar el afiliado.
Una vez instalado el sistema de copago, a partir del 1 de enero empezaremos a ver una sentida disminución en las consultas.
Las personas que pagan a una obra social o prepaga esperan una correspondencia justa que con el copago no se cumple.
Ahora falta ver la intervención que hará el Gobierno y la Superintendencia de Salud a favor del afiliado.