El que fuga paga es una de las propuestas presentadas para que Argentina pague la deuda al FMI con dinero procedente de la fuga de capitales.
Un proyecto presentado por el bloque de senadores del Frente de Todos causó un revuelo de editoriales y opiniones.
Se trata de una idea para hacer frente a la deuda que el gobierno de Mauricio Macri contrajo con el FMI.
El objetivo de la propuesta es que el pago al Fondo Monetario Internacional se realice con la plata que los evasores tienen escondida.
Aquellos bienes que se encuentran en el exterior y que no fueron declarados al fisco se sumarían al pago del Fondo Monetario.
Contrario a lo explicado por algunas voces, el proyecto se aleja del blanqueo de capitales propuesto por Macri. La diferencia entre ambas propuestas radica en el papel que cumple el Estado. Mientras que Macri favoreció a quienes se declararon evasores, en el gobierno actual identifican y castigan a los evasores que ganan millones de pesos.
Tal como se esperaba, quienes están acostumbrados a la evasión impositiva rechazan la medida a muerte.
Ríos de comentarios y análisis que justifican el rechazo a la propuesta se multiplicaron dentro de los medios opositores.
Como dato adicional, se conoció que una parte del gobierno de Biden manifiesta una clara adhesión a la idea. En consonancia a la tendencia mundial, la gestión del gobierno actual en Estados Unidos propone la creación de un impuesto a la riqueza que incluye la tolerancia cero a quienes evaden los impuestos.
En ese sentido, el pago de la deuda al Fondo por parte de los ricos que nunca aportaron un peso al país se convierte en una opción viable en Argentina.
Sin embargo, es curioso observar que entre los detractores del proyecto se encuentran los mismos que en el pasado celebraron y alentaron la deuda con el organismo internacional.
En suma, el «Fondo Nacional para la cancelación de deuda con el FMI» es una proyecto impulsado por un grupo de senadores. Tiene como objetivo utilizar los capitales procedentes del lavado de dinero para cancelar una deuda que el país no puede enfrentar en este momento.
De acuerdo al proyecto, quienes se encuentran dentro de la categoría de evasores deberán aportar un 20% de los bienes no declarados. La entrega de dicho porcentaje debe abonarse en dólares.
Además del apoyo internacional, la idea recibió el respaldo del presidente Alberto Fernández y de su gabinete.
Sobre la evasión de impuestos, las estadísticas reportan que cerca de 420 mil millones de dólares perteneciente a Argentinos se encuentran en el exterior.
En el documento se especifican penas de prisión para quienes desestimen las condiciones del porcentaje estipulado.
También se incorpora la figura de «colaborador» que favorece la denuncia y el hallazgo de bienes no declarados de origen argentino. El acuerdo de confidencialidad dentro de esta categoría incluyen tanto a las personas físicas como a las entidades bancarias que denuncien a los evasores.
Para allanar el camino de los «colaboradores», la normativa propone la creación de otra iniciativa que modifica las excepciones al secreto bancario, bursátil y fiscal. Con este cambio, los fiscales a cargo de la investigación por evasión fiscal podrán acceder a la información sin esperar la autorización de un juez.
En un comunicado, legisladores oficialistas se expresaron respecto a la medida:
«Quienes se beneficiaron con los recursos del FMI, fugaron divisas de la Argentina y no las declararon -acto profundamente lesivo para los contribuyentes de nuestra Nación- son los que deben hacer el mayor esfuerzo contributivo y a quienes en definitiva apunta este proyecto de ley para amortizar la deuda con el FMI. Es un acto de estricta justicia distributiva, tributaria e histórica».
