Tras la nueva discusión generada desde el Gobierno Nacional sobre el uso de planes sociales por parte de punteros políticos y organizaciones sociales, el Ejecutivo finalmente llevó a cabo una acción acertada y sensible: Quitárselos y devolver el control al Estado mismo.
La decisión surge tras las declaraciones de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien criticó a las organizaciones (sin mencionar ninguna de forma directa) que hacen uso de los planes con fines políticos en vez de asegurar el bienestar de sus militantes.
Cabe destacar que previo a esto, se supo que el Polo Obrero retenía el 2% del Potenciar Trabajo de sus militantes para financiar sus actividades.
Este alarmante descubrimiento supone que el PO obtiene un total mensual de 23,4 millones de pesos de una forma sumamente ilegal e inmoral, dado que atenta contra los mismos principios que la organización aparenta defender.
Sí, son 390 pesos por persona, pero son 390 pesos menos para quienes no cuentan con un salario fijo, y mucho menos, digno. En la Argentina de la perpetua crisis, cada peso cuenta.
Regresando a la resolución del Gobierno, la misma quita el control de 180.000 subsidios a dichas organizaciones, trasladándolas a la órbita de los Municipios y Gobiernos Provinciales.
Como otro golpe certero a los punteros, esta decisión surge tras la reunión mantenida entre ellos y autoridades nacionales.
También, la decisión se toma en base a la auditoría realizada por el Ministerio de Desarrollo Social, el cual detectó irregularidades en el uso de subsidios por parte de las organizaciones sociales.
