Mientras todas las miradas se dirigen a Ucrania, en Perú se desarrolla una verdadera batalla que amenaza con destruir a la democracia.
Desde Pedro Castillo abandonará la presidencia, la crisis social en Perú escaló a un nivel peligroso.
Las maniobras represivas del gobierno de Dina Boluarte, presidenta interina, causaron una marea de disturbios.
De acuerdo a las últimas cifras publicadas, cerca de 60 personas perdieron la vida en los enfrentamientos.
En información trascendida por los medios de comunicación, existe un documento oficial redactado a mediados de diciembre pasado que explica el operativo.
En el texto, la policía solicitaba una partida extraordinaria de 25 millones de euros para cubrir los gastos que genera sofocar las protestas.
En el mismo documento se reclama al gobierno la declaración del estado de emergencia.
Los golpes institucionales cómo el orquestado en Perú son la nueva herramienta que los grupos de poder utilizan para domesticar a los latinoamericanos.
Como antecedente podemos enumerar la experiencia reciente ocurrida en Honduras, Paraguay, Bolivia y Brasil.
También se observa la clara decisión de algunos países, cómo Ecuador, de financiar conflictos ajenos.
En el caso concreto de Perú, la situación se torna compleja por el alto rechazo del pueblo al gobierno actual y la baja aceptación de los postulantes.
Según una encuesta reciente, los candidatos y la intención de voto para las elecciones presidenciales son:
Hernando de Soto (3,6%)
Rafael López Aliaga (3,3%)
Keiko Fujimori (2,1%)
Pedro Castillo (1,8%)
Yonhy Lescano (1,7%)
Verónika Mendoza (1,7%)
Martín Vizcarra (1,5%)
Antauro Humala (1,1%)
Aníbal Torres (0,9%)
Alfonso López Chau (0,8%)
Francisco Sagasti (0,8%)
Salvador del Solar (0,6%) Daniel Urresti (0,5%)
A todo lo anterior debe sumarse el grueso de la población pobre, cansada de falsas promesas.
Para colmo de todos los males, la puja política avanza al punto del cierre de las fronteras.
