Tres madres de presos políticos venezolanos mueren sin ver a sus hijos en libertad

La lucha incansable de tres madres

La noticia de las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela trajo esperanza a muchas familias, pero para tres madres, la alegría llegó demasiado tarde. Carmen Dávila, Yarelis Salas y Omaira Navas murieron sin poder reencontrarse con sus hijos, después de años de lucha y reclamos por su libertad.

El caso de Jorge Yéspica

Jorge Yéspica, un médico de 66 años, fue detenido en noviembre de 2024 por participar en una manifestación y difundir un video crítico contra el gobierno. Su madre, Carmen Dávila, de 90 años, se convirtió en una figura visible en la denuncia de su caso, pese a su avanzada edad. Aunque Yéspica fue excarcelado en enero, su madre murió sin poder verlo, después de una larga enfermedad que la dejó internada.

La muerte de Yarelis Salas

Yarelis Salas, de 39 años, murió tras sufrir un infarto después de participar en una vigilia frente a la prisión donde su hijo, Kevin Orozco, permanecía detenido. Orozco, de 25 años, fue excarcelado días después, pero no alcanzó a ver a su madre con vida. La organización Justicia, Encuentro y Perdón denunció que Salas murió «tras una vigilia marcada por la angustia, el cansancio y la esperanza de una buena noticia que nunca llegó».

La lucha de Omaira Navas

Omaira Navas, madre del periodista Ramón Centeno, murió después de sufrir un accidente cerebrovascular. Centeno, de 25 años, había sido detenido en 2019 y acusado de integrar una presunta red de narcotráfico, cargos que organizaciones gremiales y de derechos humanos calificaron como infundados. Durante su reclusión, sufrió caídas, fracturas y un deterioro físico que lo dejó en silla de ruedas. Su madre reclamó en reiteradas ocasiones atención médica y celeridad procesal, sin obtener respuestas.

La libertad fragmentada

Las muertes de estas tres mujeres se produjeron mientras el régimen venezolano continuaba utilizando a los presos políticos como herramienta de presión. Las excarcelaciones se ejecutaron de manera arbitraria, sin criterios claros ni garantías de no repetición. Para estas madres, no existió justicia, ni verdad, ni reparación. Murieron sin ver a sus hijos recuperados, sin cerrar años de incertidumbre y sin que el Estado reconociera el daño causado.

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