Un juez de Florida condenó a Nicolás Maduro y Álex Saab a pagar USD 314 millones por torturas en Venezuela

El juez federal de Miami, Darrin P. Gayles, dictó una sentencia histórica contra el ex dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y su testaferro, Álex Saab, condenándolos a pagar USD 314 millones en compensaciones a tres ciudadanos estadounidenses que denunciaron haber sido detenidos y sometidos a torturas durante su permanencia en cárceles venezolanas.

La sentencia fue dictada luego de que los acusados no comparecieran en el proceso judicial. La decisión establece responsabilidades civiles por los daños alegados por Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval, quienes afirmaron que fueron sometidos a abusos físicos y psicológicos durante su detención en Venezuela, incluyendo golpes, descargas eléctricas y métodos de castigo destinados a provocar sufrimiento.

En su resolución, de 19 páginas, el magistrado describió el caso como parte de una serie de acciones realizadas para sostener el poder político del régimen de Maduro. “El secuestro fue solo uno de muchos delitos cometidos con el fin de respaldar el régimen dictatorial de Maduro sobre Venezuela”, escribió Gayles en el documento judicial.

La sentencia se produjo bajo una ley federal estadounidense que permite a ciudadanos del país reclamar compensaciones económicas contra individuos o entidades vinculadas con organizaciones consideradas terroristas. Los demandantes recurrieron a esa normativa para solicitar reparaciones por los daños que denunciaron.

Kenemore, Saad y Marval fueron liberados en 2023 como parte de un acuerdo entre Caracas y Washington que permitió el intercambio de varios estadounidenses detenidos en Venezuela por la liberación de Saab, empresario colombiano cercano al régimen venezolano, quien se encontraba bajo custodia estadounidense acusado de delitos financieros.

Según la demanda, Kenemore permaneció 643 días detenido. El ciudadano estadounidense, especializado en informática y residente en Colombia antes de su captura, afirmó que fue interceptado cerca de la frontera venezolana por hombres armados antes de ser entregado a las autoridades del país.

Saad, originario de Alabama, había vivido durante varios años en Venezuela, donde trabajaba en el sector de la construcción. Marval, empresario radicado en Florida, también realizaba actividades comerciales en territorio venezolano. Ambos denunciaron que fueron arrestados y retenidos por organismos de inteligencia venezolanos.

La demanda también incluyó a otros altos funcionarios venezolanos, entre ellos Delcy Rodríguez, actual jefa del régimen chavista. Sin embargo, la dirigente no fue incorporada al fallo debido a que sus abogados solicitaron el archivo del proceso alegando inmunidad por su condición de “jefa de Estado” reconocida. Los demandantes rechazaron ese argumento.

El fallo judicial no implica un pago inmediato de los fondos establecidos, sino que fija una responsabilidad económica contra los acusados dentro del proceso civil. Saab volvió a estar bajo custodia estadounidense y enfrenta nuevas acusaciones, mientras que sus representantes legales no realizaron comentarios sobre la decisión.

El caso forma parte de una serie de demandas impulsadas por ciudadanos estadounidenses que estuvieron detenidos en Venezuela y que buscan compensaciones por abusos sufridos durante su encarcelamiento. Las acusaciones de violaciones de derechos humanos contra funcionarios venezolanos también han sido objeto de investigaciones internacionales.

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