Vecinos del Barrio General Paz se movilizan contra el nuevo sistema de estacionamiento medido

La tensión en el Barrio General Paz de Córdoba llegó a un punto crítico con la implementación del nuevo sistema de estacionamiento medido, conocido como SEMM. Los vecinos, cansados de lo que consideran un abuso de poder por parte del gobierno local, han decidido tomar cartas en el asunto y organizan una concentración para expresar su descontento.

La jornada de protesta, programada para el jueves 28 de mayo de 2026, busca visibilizar los problemas que el sistema de estacionamiento ha generado en la comunidad. Desde el aumento de la inseguridad hasta la falta de higiene, pasando por el impacto económico en los residentes, los vecinos argumentan que el sistema no ha traído más que perjuicios.

La respuesta de los vecinos

La ofensiva vecinal no se limita a la protesta callejera. Los residentes han redactado una nota dirigida al Viceintendente Javier Pretto y al Concejo Deliberante, solicitando la derogación inmediata de la Ordenanza N° 13.645, que dio origen al sistema de estacionamiento medido. Los ciudadanos denuncian que la norma fue sancionada de espaldas a la ciudadanía y exigen la convocatoria a una Consulta Popular obligatoria para que el pueblo decida sobre el uso del espacio público.

Además, los vecinos han interpuesto un reclamo administrativo ante el Intendente Daniel Passerini, exigiendo la exclusión expresa del Barrio General Paz del mapa de cobertura del SEMM. Argumentan que el barrio posee una dinámica residencial y comercial de cercanía que se ve destruida por un régimen punitivo de cobro.

El sistema bajo la lupa

El nuevo esquema de estacionamiento funciona a través de la aplicación SEMM Cba, donde el pago, control y las sanciones son estrictamente electrónicos. El control está a cargo de constatadores, antiguos cuidacoches pertenecientes a ocho cooperativas de trabajo que firmaron una concesión por cinco años con la Municipalidad. Estos agentes, uniformados de beige, escanean patentes y, ante la falta de pago, el sistema otorga una tolerancia de 15 minutos antes de que la Policía Municipal de Tránsito labre un acta digital.

Las multas por incumplimiento oscilan actualmente entre los $33.000 y $66.000. Los vecinos sostienen que el sistema carece de justificación técnico-urbanística y posee un fin meramente recaudatorio que pone en riesgo la paz social y el desarrollo económico local.

Malestar en el barrio

La movilización de los vecinos ha ganado apoyo en las redes sociales, donde una petición en la plataforma Change.org ha reunido más de 400 firmas en menos de dos días. La iniciativa reclama la anulación del sistema al considerar que la tranquilidad del barrio residencial se vio alterada.

Los vecinos señalan que la tarifa representa una carga económica difícil de afrontar, especialmente para jubilados y personas que viven en departamentos sin cochera. También expresan preocupación por la inseguridad, ya que aseguran que el municipio no asume responsabilidad en caso de daños o robos de vehículos estacionados.

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