Venezuela bajo estado de conmoción: Maduro activa régimen de excepción

El decreto de Estado de Conmoción Exterior

La publicación del decreto de Estado de Conmoción Exterior en la Gaceta Oficial de Venezuela abre una nueva fase en la crisis política e institucional del país, desencadenada tras la captura del dictador Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y su traslado a Nueva York.

La medida de excepción

El decreto, fechado el sábado y difundido oficialmente este lunes, lleva la firma de Maduro y fue refrendado por la mandataria encargada Delcy Rodríguez. La norma establece un marco de excepción que concentra amplios poderes en el Ejecutivo en un contexto de confrontación directa con Estados Unidos.

Uno de los ejes centrales de la medida es la instrucción directa a los cuerpos de seguridad para actuar contra quienes el régimen chavista considere partícipes del respaldo a la acción militar estadounidense. Los órganos de policía nacionales, estadales y municipales deberán emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos de América contra el territorio de la República.

El impacto en la sociedad venezolana

El decreto ordena la militarización de la infraestructura de servicios públicos, de la industria petrolera y de otras industrias básicas del Estado. El personal que opera en estos sectores quedará temporalmente sometido al régimen militar, lo que amplía la presencia y el control de las Fuerzas Armadas sobre áreas clave de la economía y de la vida cotidiana.

El texto también faculta al Ejecutivo a requisar bienes considerados necesarios para la defensa nacional y a suspender derechos como la reunión y la manifestación pública. Además, habilita la adopción de cualquier otra medida que el régimen chavista considere necesaria para la protección de la población, una cláusula abierta que refuerza el carácter discrecional del régimen de excepción.

La situación institucional

La activación del estado de conmoción se apoya en un entramado normativo previo. En 2024, el régimen de Maduro promulgó una ley que castiga el apoyo a sanciones internacionales o a acciones que causen daño extranjero, con penas que incluyen la inhabilitación política de por vida y la confiscación de bienes.

Desde el punto de vista institucional, el decreto puede ser revocado por la Asamblea Nacional o revisado por el Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, ambos poderes están controlados por el chavismo, lo que limita la existencia de contrapesos efectivos frente a la ampliación de facultades del Ejecutivo.

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