Delcy Rodríguez sale de la lista negra: ¿qué significa este giro en la política de EE. UU. hacia Venezuela?

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha sido blanqueada por el gobierno de Estados Unidos. Después de años de sanciones, su nombre ha sido eliminado de la "Lista de Nacionales Especialmente Designados" del Departamento del Tesoro.

El contexto de la decisión

Esta medida marca un punto de inflexión en el proceso de normalización emprendido por la administración Trump desde la captura de Nicolás Maduro. El Departamento del Tesoro había incluido a Rodríguez en esa lista negra en septiembre de 2018 por corrupción y violación de derechos humanos.

Las condiciones para el levantamiento de sanciones

La eliminación de su nombre no es un gesto aislado, sino el resultado de una negociación por fases que se tejió desde el mismo día en que tropas estadounidenses sacaron a Maduro del país. Rodríguez depuró los mandos militares para alinearlos con Estados Unidos, reabrió la industria petrolera a financiación extranjera y promulgó una ley de amnistía que liberó a presos políticos.

El futuro de las relaciones entre EE. UU. y Venezuela

El ritmo de estas concesiones fue acelerado. El Tesoro levantó restricciones al sector energético y petroquímico, con autorización para operar con la petrolera estatal PDVSA, aunque bajo control estadounidense y excluyendo a China, Rusia e Irán. La embajada estadounidense en Caracas reanudó oficialmente sus actividades, poniendo fin a una ruptura diplomática que databa de 2019.

Trump declaró que Rodríguez estaba dispuesta a trabajar con Estados Unidos y que la política de Washington buscaba, entre otros objetivos, dirigir las ventas y los ingresos del petróleo venezolano para limitar el papel de sus adversarios en ese sector.

Críticas y desafíos

Los críticos advierten que por esta vía no hay avances sustanciales en materia de derechos humanos ni una ruta clara hacia elecciones libres. Activistas señalan que la ley de amnistía se aplica con discrecionalidad y que unos 500 presos políticos permanecen recluidos.

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