Cúpula de la Cámara Federal de Córdoba imputada por presuntas maniobras ilegales

La cúpula de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba está en el ojo de la tormenta. El Ministerio Público Fiscal de la Nación imputó a las máximas autoridades del tribunal, incluyendo a la presidenta Graciela Montesi y al vicepresidente Abel Sánchez Torres, por presuntas maniobras ilegales.

La investigación en marcha

Los fiscales Nicolás Turano y Maximiliano Hairabedián están al frente de la investigación, que se centra en delitos como abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, falsedad ideológica y coacción. La pesquisa se originó a partir de una denuncia de la abogada y funcionaria judicial Celina Laje Anaya, quien denunció presuntas irregularidades en la integración de las Salas A y B del tribunal.

Manipulación de causas y «cajoneo»

Se investiga si Sánchez Torres y Montesi procuraron beneficios para la cerealera Bunge en causas por evasión tributaria, mediante la circulación irregular o el ocultamiento de expedientes. La denunciante refirió que, tras resistirse a órdenes irregulares, comenzó a sufrir malos tratos laborales como represalia.

Denuncia por violencia y maltrato laboral

La denunciante también refirió que sufrió persecución, daño a la salud y que se desplegaron tácticas de hostigamiento para forzarla a aceptar un cambio de categoría que disminuía su salario. La fiscalía detectó incongruencias en la declaración del secretario Gustavo Flores, solicitando su imputación por mentir bajo juramento.

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