Defensoría de Córdoba se opone a proyecto que endurece penas por falsas denuncias de violencia de género

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba ha expresado su más firme oposición al proyecto de ley S-0228/2025, que busca agravar las penas por falsas denuncias, falso testimonio y encubrimiento en casos relacionados con violencia de género, delitos contra la integridad sexual y contra niñas, niños y adolescentes.

Según la institución, este proyecto no solo resulta innecesario, sino que también se basa en una confusión conceptual que equipara erróneamente la falta de condena con la existencia de una denuncia falsa. La Defensoría argumenta que las conductas alcanzadas por el proyecto ya se encuentran tipificadas en la legislación vigente, lo que hace que esta iniciativa sea redundante y potencialmente perjudicial.

Desde el Área de Género de la Defensoría, se destaca que no existe evidencia que indique que las falsas denuncias constituyan un problema significativo en la provincia. Por el contrario, persisten fuertes barreras estructurales que dificultan denunciar situaciones de violencia, lo que sugiere que el enfoque debería estar en mejorar el acceso a la justicia y no en endurecer penas.

El agravamiento de penas propuesto por el proyecto puede generar un efecto disuasorio sobre quienes evalúan denunciar, desalentar la participación de testigos y profesionales intervinientes, y profundizar las desigualdades en el acceso a la justicia. Esto podría llevar a una situación en la que las víctimas de violencia de género se sientan aún más inhibidas para buscar ayuda y justicia.

El Defensor del Pueblo Adjunto, Carlos Galoppo, expresó su preocupación respecto a la intencionalidad detrás de este proyecto, afirmando que confunde qué es una denuncia falsa. Galoppo sostiene que la respuesta nunca debe ser poner más barreras para el acceso a la justicia, sino mejorar el funcionamiento del sistema. En este contexto, la Defensoría no puede acompañar proyectos que generen más miedo y más obstáculos para denunciar, y en su lugar, aboga por fortalecer la protección y mejorar la justicia.

La Defensoría del Pueblo de Córdoba también informó sobre su adhesión al pronunciamiento emitido por la Mesa de Trabajo y Diálogo sobre Políticas de Género de Córdoba, que rechaza de manera categórica el proyecto por considerarlo regresivo, carente de sustento empírico y contrario a los estándares internacionales de derechos humanos.

Finalmente, la Defensoría hace un llamado público a las y los legisladores por la provincia de Córdoba a rechazar el Proyecto de Ley S-0228/2025 y a fortalecer las herramientas de protección, prevención y respuesta integral frente a estas violencias. Esto implica trabajar en políticas y programas que apoyen a las víctimas, mejoren la eficiencia del sistema judicial y promuevan una cultura de respeto y igualdad de género en la sociedad.

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