La Justicia Federal de Córdoba ordena al Gobierno nacional restablecer la cobertura de discapacidad

La Justicia Federal de Córdoba ha emitido una resolución que ordena al Gobierno nacional restablecer de manera inmediata la cobertura de discapacidad en el territorio provincial. Esta decisión se produce después de que el Juzgado Federal N° 3, liderado por el magistrado Hugo Vaca Narvaja, intimara a la gestión de Javier Milei a normalizar el flujo de fondos y la provisión de medicamentos para los beneficiarios de Pensiones no Contributivas que posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

La resolución judicial exige que tanto el PAMI como el programa Incluir Salud regularicen de forma urgente la situación de los beneficiarios, otorgando un plazo perentorio de 72 horas para que las entidades estatales cumplan con esta obligación. El magistrado Vaca Narvaja advirtió sobre el peligro que representan las demoras administrativas del Estado nacional, señalando que la demora en el pago a los prestadores y la permanencia de esta situación sería susceptible de generar interrupciones en los tratamientos y la cobertura de las prestaciones, con riesgo a la salud de las personas involucradas.

El contexto de la medida

La resolución judicial se produce en un contexto de sucesivas protestas de prestadores y familias que reclamaban por el cumplimiento normativo. La acción legal se había iniciado en abril, y contó con el respaldo y la presentación de informes técnicos de diversas entidades locales de trayectoria, tales como la Asociación Apadim Córdoba, la Clínica Villa Bustos, el Centro de Vida Alegría, el Centro de Día y Educativo Terapéutico «Mi Lugar» y el Pequeño Cottolengo Don Orione.

El escenario financiero de estas organizaciones es crítico, y el fallo visibilizó la asfixia económica que padece el Pequeño Cottolengo Don Orione. La institución debió afrontar un gasto de $41.556.675,86 únicamente en concepto de intereses resarcitorios ante el ARCA por cargas sociales no abonadas en lo que va de 2026, una cifra que se acopla a los $14.429.407 perdidos por el mismo motivo durante el período 2025.

Marco legal y vigencia

Para respaldar la urgencia de la cautelar, la resolución judicial ponderó la vigencia de la Ley 27.793, normativa que declaró la emergencia nacional en materia de discapacidad hasta el próximo 31 de diciembre de 2026. La disposición judicial cuenta con un límite temporal definido para asegurar el amparo de los damnificados mientras se evalúa el fondo del asunto.

La presente medida cautelar se dicta por el término de seis (6) meses, o hasta tanto recaiga sentencia firme, lo que ocurra con anterioridad, de conformidad con lo decidido por la Excma. Cámara Federal de Apelaciones mediante acuerdo n.º 155/2011 de fecha 12/10/2011 bajo apercibimiento, a cuyo fin ofíciese.

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