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La UCO allana sedes del PSOE y la Guardia Civil en busca de pruebas sobre Leire Díez

La UCO busca pruebas sobre posibles pagos ilegales en el caso de Leire Díez

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizó un allanamiento en las sedes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y de la propia Guardia Civil, con el objetivo de recopilar información relacionada con el caso de Leire Díez. Esta operación es independiente de otras investigaciones en curso y se centra en la búsqueda de posibles pagos efectuados a Leire Díez por parte del partido.

La investigación se enfoca en las posibles comisiones ilegales cobradas a través de contrataciones públicas, lo que ha llevado a la imputación de exdirigentes socialistas como Gaspar Zarrías y Santos Cerdán, así como de la gerente del partido. La UCO también busca conexiones que puedan demostrar si desde el Instituto Armado se facilitó información a la trabajadora del PSOE.

El caso de Leire Díez comenzó a tomar relevancia hace más de un año, cuando se revelaron grabaciones en las que presuntamente buscaba influir sobre jueces, fiscales o altos cargos para favorecer al partido. Dentro de las investigaciones sobre la conocida como ‘fontanera’ del PSOE, destaca la supuesta estructura creada para cobrar comisiones ilegales a través de contrataciones públicas, junto a Vicente Fernández Guerrero y Joseba Antxon Alonso.

Los tres están acusados de desviar más de 700.000 euros en comisiones ilegales a través de varias operaciones con empresas públicas y privadas entre 2021 y 2023. El caso, que permanece bajo secreto de sumario, investiga adjudicaciones irregulares y pagos canalizados a través de sociedades como Mediaciones Martínez S.L. La investigación judicial señala cinco maniobras bajo sospecha en el entorno de la SEPI.

El caso más relevante es el rescate a Tubos Reunidos, en el que el grupo Hirurok habría facilitado la concesión de fondos públicos y recibido una comisión a través de Mediaciones Martínez. Otra operación bajo la lupa es la adjudicación de un contrato a Servinabar por parte de Mercasa para un informe técnico sobre el cambio de sede, que los investigadores consideran innecesario y con documentación falsa.

La investigación también abarca la intervención de Hirurok en la contratación de un despacho de abogados por parte de Enusa, así como en una ayuda pública gestionada por Sepides para la sociedad Arapellet. El juez Santiago Pedraz prorrogó el secreto de sumario, mientras sigue la investigación sobre Vicente Fernández y Antxon Alonso por supuestas comisiones en contratos públicos. Ambos fueron detenidos en diciembre y luego liberados bajo medidas cautelares.

Además, Díez es investigada en Madrid por posibles maniobras para dificultar pesquisas judiciales y por un contrato vinculado a Zarrías, quien declaró que fue para una investigación periodística. La situación sigue siendo objeto de investigación y seguimiento por parte de las autoridades competentes.

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