El Control Ideológico de China: Una Red de Normas para Ciudadanos y Empresas en el Extranjero

La reciente Ley de Unidad Nacional, el Decreto 835 y el Decreto 837 forman parte de una estrategia del gobierno chino para controlar y condicionar ideológicamente a la sociedad china y a las empresas que operan en el exterior. Estas normas buscan integrar la política económica, la seguridad nacional y la acción exterior bajo un mismo marco regulatorio.

El Decreto 837, en particular, busca crear un marco integral para controlar y orientar las inversiones chinas en el exterior bajo una lógica de "seguridad nacional". Esto significa que el régimen chino tiene potestad para definir qué inversiones son promovidas y cuáles no, y puede restringir o prohibir determinadas operaciones. Incluso puede ordenar desinversiones, lo que supone un control significativo sobre las empresas chinas que operan en el extranjero.

La noción de "seguridad nacional" es un principio transversal de regulación económica en China, y se aplica no solo a la defensa o el terrorismo, sino también a la tecnología, los datos, las finanzas, las cadenas de suministro, la energía, la cultura y la estabilidad política. Esto significa que el régimen chino puede intervenir en una amplia gama de decisiones económicas y empresariales, siempre bajo el pretexto de proteger la seguridad nacional.

El Decreto 837 también prohíbe exportar o utilizar en el exterior determinados bienes, tecnologías, servicios y datos sin autorización estatal. Incluso alcanza formas indirectas de transferencia, como el desplazamiento de personal técnico, la capacitación o la asistencia técnica transfronteriza. Esto supone un control significativo sobre las empresas chinas que operan en el extranjero y puede generar conflictos con la legislación de otros países.

La tendencia del gobierno chino a integrar la política económica, la seguridad nacional y la acción exterior bajo un mismo marco regulatorio es un patrón claro en las últimas normas analizadas. Esto puede generar tensiones con otros países, especialmente si se sienten que las normas chinas están interfiriendo con su soberanía o su capacidad para regular sus propias economías.

En este sentido, es importante destacar que las leyes chinas no tienen fuerza si los gobiernos locales no las cumplen. Sin embargo, China ha demostrado estar dispuesta a ejercer presión económica y política para lograr que los países acaten sus leyes. Esto puede disuadir a las organizaciones en el extranjero que promueven los derechos de Taiwán, los uigures, el Tíbet o Hong Kong, si los líderes de esas organizaciones temen que el Partido Comunista Chino pueda tomar represalias contra sus familias en su país de origen.

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