Transportistas de discapacidad en Córdoba: una lucha por la supervivencia

El próximo viernes, el Parque Sarmiento de Córdoba será testigo de una nueva protesta que busca visibilizar la crisis profunda y silenciosa que enfrentan los transportistas de discapacidad en la provincia. Bajo el lema «Emergencia en Discapacidad» y la consigna «¡Basta de crueldad!», el Colectivo 3 de Diciembre convocó a una concentración y jornada de visibilización para denunciar el desfinanciamiento que pone en jaque la continuidad del servicio.

La situación del sector es acuciante. Leandro Ator, referente del Colectivo 3 de Diciembre, advierte sobre un escenario de desfinanciamiento que ha llevado a casi el 40% de los transportistas a abandonar la actividad en los últimos dos años. El motivo principal de este éxodo de profesionales es un desfinanciamiento que el sector califica como «brutal». Los valores que se asignan por kilómetro recorrido no alcanzan a cubrir los costos fijos de mantenimiento de los vehículos, combustibles y seguros.

Una crisis sin precedentes que vacía el sector

El transporte de personas con discapacidad es un eslabón fundamental para garantizar derechos básicos como la salud, la rehabilitación y la educación. Sin embargo, las condiciones económicas actuales han vuelto la actividad prácticamente insostenible para muchos prestadores. La convocatoria de este viernes busca forzar una respuesta política definitiva y visibilizar el reclamo de un sector que se declara en estado de supervivencia.

El Colectivo 3 de Diciembre recurrió a la vía judicial para intentar torcer el rumbo de la crisis. Primero presentaron un amparo colectivo para exigir la reglamentación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, una normativa que, según Ator, el Gobierno nacional reglamentó «a medias, de manera escasa, incompleta y a su conveniencia». Posteriormente, ante los Tribunales Federales se presentó una medida cautelar que recientemente fue aceptada.

La cautelar, una luz de esperanza entre los incumplimientos

La resolución judicial, dictada por un plazo de seis meses o hasta que se dicte una sentencia definitiva, incluye a todos los prestadores del sistema a nivel nacional e intima al Gobierno a regularizar los pagos atrasados. A pesar del optimismo que genera el respaldo de la Justicia, el sector se mantiene cauteloso. Los transportistas denuncian que, tras la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) a principios de año, los atrasos se agudizaron y se generaron cortes en la cadena de pagos de programas clave como el Programa Federal Incluir Salud y el Pami.

El peligro de la transferencia a las provincias

Más allá de la urgencia por cobrar las deudas acumuladas, la mayor preocupación a mediano plazo para los transportistas radica en un proyecto que comenzó a circular desde la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación. La iniciativa oficial buscaría transferir la responsabilidad de las prestaciones de transporte y educación directamente a las órbitas provinciales. Para el Colectivo 3 de Diciembre, la descentralización de estos fondos sin un respaldo presupuestario sólido significaría el golpe de gracia para una actividad ya precarizada.

La jornada del viernes en el Parque Sarmiento buscará visibilizar el reclamo de un sector que se declara en estado de supervivencia. Los organizadores adelantaron que, además de concentrar las unidades y recibir a la prensa, la movilización contará con el acompañamiento de diversos artistas locales que se sumarán para visibilizar el reclamo de un sector que se declara en estado de supervivencia.

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