Paro Judicial en Córdoba: 60 Horas de Huelga en Respuesta al Rechazo de la Oferta Salarial

La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj) decretó un paro total de actividades por 60 horas en todas las dependencias de Córdoba, comenzando este miércoles 22 de julio a partir de las 12, en respuesta al rechazo de la oferta salarial oficial presentada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el Poder Ejecutivo.

Esta medida de fuerza se determinó inmediatamente después de la finalización de la feria de invierno provincial, donde la asamblea de los trabajadores judiciales desestimó la propuesta de recomposición salarial. Los empleados judiciales han acumulado más de 25 días de paralización en lo que va del año, lo que refleja la profundidad del conflicto.

El Reclamo Salarial y su Impacto en los Tribunales

La conducción de la Agepj fundamentó la profundización de las acciones en el deterioro persistente del poder adquisitivo de los agentes, exigiendo una recomposición real frente a la inflación del período. Adrián Valán, integrante y referente del gremio judicial, ratificó los términos del plan de lucha en representación de los trabajadores, rechazando por insuficiente la propuesta del TSJ y del Gobierno de la provincia.

Valán afirmó que siguen exigiendo a sus patronales que mejoren la oferta y realmente recompongan el salario de los trabajadores y trabajadoras judiciales. La actividad en los tribunales de la provincia permanecerá fuertemente resentida hasta la próxima semana, afectando los servicios de forma ininterrumpida hasta la medianoche del viernes.

Contexto y Antecedentes

La situación de los empleados judiciales en Córdoba no es aislada. El contexto de inflación y ajustes económicos ha llevado a una serie de conflictos laborales en diferentes sectores, tanto públicos como privados, a lo largo del país. La búsqueda de una recomposición salarial que mantenga el poder adquisitivo de los trabajadores se ha convertido en un tema central en las negociaciones entre gremios y empleadores.

La parálisis en la atención judicial puede tener implicaciones significativas para la comunidad, retrasando procesos legales y afectando la administración de justicia. La espera por una resolución que satisfaga las demandas de los empleados judiciales y, al mismo tiempo, sea viable para las autoridades, se vuelve cada vez más urgente.

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