La red de Hezbollah en Brasil: una amenaza creciente para la seguridad regional

La expansión de las organizaciones criminales en Brasil, como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), ha generado una colaboración creciente con actores vinculados al terrorismo en Oriente Medio, incluyendo a Hezbollah en el Líbano. Financiados por miles de millones de dólares provenientes del narcotráfico y otras actividades ilícitas, estos grupos recurren a sofisticados esquemas internacionales para mover y blanquear dinero, comprometiendo la seguridad regional y representando una amenaza para todo el hemisferio.

La magnitud de este desafío se hizo evidente el 15 de julio, cuando la Policía Federal lanzó la Operación Hawala, una amplia investigación que resultó en la detención de 10 personas y la acusación formal de otras 12. La Operación Hawala tiene como objetivo una red internacional que, según las investigaciones, blanqueó 100 millones de reales brasileños durante tres años en beneficio de las tres mayores facciones criminales de Brasil: el PCC, el Comando Vermelho y el Terceiro Comando Puro (TCP).

Si bien la investigación aún se encuentra en su fase inicial, las autoridades ya están investigando posibles vínculos con Al-Qaeda y Hezbollah. Existen razones concretas para ello: el historial de Hezbollah como intermediario financiero del crimen organizado está ampliamente documentado. Entre los 22 acusados en la Operación Hawala se encuentran siete ciudadanos libaneses, todos miembros de la comunidad chiíta libanesa en Brasil, quienes administraban una extensa red de empresas fantasma para blanquear fondos ilícitos en nombre de sus clientes.

La evidencia de la importancia de Brasil para Hezbollah es abundante. Durante casi 30 años, el país ha albergado permanentemente al principal representante regional de la organización. El primer clérigo de Hezbollah que se sabe que residió permanentemente en Brasil fue el difunto jeque Ali Abou Raya, quien se desempeñó como imán de la Mezquita del Mensajero de Dios, popularmente conocida como la Mezquita de Brás, en la ciudad de São Paulo. Abou Raya trabajó para el Departamento de Relaciones Exteriores (DRE) de Hezbollah y también prestó servicios en Canadá y Bélgica antes y después de su estancia en Brasil.

El sucesor de Abou Raya, el jeque Bilal Mohsen Wehbe, también fue miembro del DRE de Hezbollah. En 2010, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a Wehbe como el «principal representante de Hezbollah en Sudamérica» e impuso sanciones en su contra. Sin embargo, estas sanciones tuvieron escaso impacto visible en Brasil. Wehbe continuó liderando abiertamente su comunidad hasta 2019, cuando regresó al Líbano.

El sucesor de Wehbe y actual titular de ese cargo, el jeque Badri Abdul Menhem Mouawia, también conocido como jeque Badri Zeineddine, también es clérigo de Hezbollah. Según documentos filtrados obtenidos a través de la plataforma de inteligencia de riesgos 240 Analytics, el jeque Mouawia mantiene tres cuentas bancarias en dólares estadounidenses en Al Qard al Hassan, una institución financiera controlada por Hezbollah y sancionada por Estados Unidos.

La red de Hezbollah en Brasil va mucho más allá de la recaudación de fondos dentro de la comunidad chií libanesa, el adoctrinamiento de jóvenes o la promoción pública de la organización. Durante décadas, miembros de esta comunidad han participado activamente en actividades relacionadas con el terrorismo y su financiación. En 2004 y 2006, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a varios financistas de Hezbollah radicados en la zona fronteriza libanesa, todos con doble nacionalidad libanesa y brasileña.

La convergencia del terrorismo y el crimen representa una amenaza de primer orden para la seguridad nacional de Brasil. Las redes de financiamiento del terrorismo no solo facilitan el crimen organizado, sino que también generan recursos para sus propios fines ilícitos. Esto requiere una estrategia coordinada y multifacética. Un marco nacional de sanciones basado en la ley fortalecería las instituciones brasileñas, como el Consejo para el Control de las Actividades Financieras (COAF), la unidad de inteligencia financiera del país.

Brasil podría considerar el precedente argentino. En 2019, Argentina creó el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Esta reforma se inspiró en las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Instrumentos de este tipo, junto con la designación de Hezbollah como organización terrorista, podrían ampliar la capacidad del Estado para desmantelar un componente fundamental de la convergencia entre terrorismo y delincuencia en Brasil y reducir la capacidad de las facciones criminales para lavar fondos obtenidos ilícitamente.

Ampliar el enfoque de Brasil en el intercambio de inteligencia con socios regionales, incluyendo Estados Unidos, contra las redes de financiamiento del terrorismo fortalecería aún más la capacidad de Brasil para desmantelar las estructuras financieras de Hezbollah. Las autoridades de inmigración también podrían beneficiarse de una mayor cooperación en materia de inteligencia. Personas vinculadas a Hezbollah han explotado repetidamente el sistema migratorio brasileño para entrar al país.

Brasil debe afrontar la presencia de Hezbollah en su territorio con renovado vigor, utilizando todos los instrumentos estatales para combatir a una organización que representa tanto una amenaza terrorista internacional como una amenaza vinculada al crimen organizado transnacional. Afrontar la presencia de Hezbollah en territorio brasileño sería un buen punto de partida para debilitar su red regional.

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