Botsuana bajo la lupa: denuncian que el Estado financia la esclavitud salarial de médicos cubanos

Una investigación de la ONG Prisoners Defenders reveló este martes que el gobierno de Botsuana paga al régimen cubano 3.500 euros mensuales por cada especialista que presta servicios en el país, mientras que el profesional que ejerce el trabajo percibe apenas 1.000 dólares, equivalentes al 24,42 % de la tarifa contractual.

El esquema de pagos que alimenta la desigualdad

Según el informe, el 75,58 % del monto facturado por Botsuana se transfiere directamente a La Habana. Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, sostuvo que «de cada cuatro dólares pagados por el trabajo del médico, tres van al régimen cubano, que además lo esclaviza». El convenio bilateral, al que la ONG tuvo acceso a pesar de sus cláusulas de confidencialidad, obliga a que cada factura mensual detalle por separado la parte destinada al profesional y la que se envía a Cuba.

Impacto salarial en comparación con la práctica local

El contingente activo en Botsuana está formado por 90 profesionales de la salud, cifra confirmada ante el Parlamento en abril de 2025. Aplicando las tarifas del acuerdo, la facturación anual para el régimen cubano supera los 4,21 millones de dólares, 1,31 millones por encima del techo previsto para 62 plazas. En contraste, un especialista botsuano de escala E2 percibe entre 4.439 y 4.917 dólares al mes, lo que sitúa al médico cubano en un rango del 20 % al 23 % de la remuneración local.

Condiciones de vida y control estricto

Una resolución interna firmada el 3 de julio por el jefe de la misión cubana, el doctor Pablo Ricardo Betancourt Álvarez, prohíbe a los médicos salir de su distrito salvo por razones profesionales o de salud, recibir visitas, pernoctar fuera de la residencia asignada o conducir vehículos. La normativa también penaliza la divulgación de información sensible y prevé inspecciones sorpresivas en los hogares.

Larrondo describió la situación como «una cárcel, y no en Cuba: en Botsuana», añadiendo que el modelo no constituye cooperación médica sino un régimen de vigilancia, segregación y castigo impuesto por un país extranjero dentro del territorio botsuano.

Testimonios y riesgos legales

Los testimonios recogidos por la ONG indican que ninguno de los médicos cubanos aceptó la misión de forma voluntaria, la mayoría no recibió copia de su contrato y todos tuvieron su pasaporte retenido por autoridades cubanas. Las jornadas alcanzan entre 56 y 64 horas semanales, con una media de 57,6 horas, y el 80 % de los relatos menciona restricciones de pernocta, miedo a la vigilancia y la obligación de informar sobre posibles deserciones.

Abandonar la misión o no regresar a Cuba al término del contrato expone a los profesionales al artículo 176 del Código Penal cubano, que contempla penas de tres a ocho años de prisión y la denominada «Ley de los ocho años», que los declara «indeseables» y les prohíbe la entrada al país durante ese periodo.

Reacciones y exigencias

Prisoners Defenders pidió al gobierno botsuano que abone directamente e íntegramente los salarios a los médicos, que abra una investigación confidencial sin presencia cubana y que suspenda de inmediato la resolución de julio de 2026. La organización recordó que la Constitución de Botsuana prohíbe la esclavitud y que el país ratificó los Convenios 29 y 105 de la OIT, que definen el trabajo forzoso como cualquier servicio exigido bajo amenaza de pena y sin consentimiento voluntario.

El informe del Departamento de Estado de EE. UU. de 2025 ya señalaba la posibilidad de trabajo forzoso para unos 80 profesionales médicos cubanos en Botsuana, recomendando su identificación sistemática. La denuncia pone de relieve la tensión entre la necesidad sanitaria del país africano y el respeto a los derechos humanos de los profesionales que atienden a su población.

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