La ONU califica como “indefendible” la concentración del poder en Nicaragua

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió este miércoles que el desmantelamiento de las instituciones democráticas en Nicaragua ha llegado a una situación “completamente indefendible”. La denuncia se realizó ante el Consejo de Derechos Humanos mientras el país centroamericano se enfrenta a crecientes críticas internacionales por los intentos de limitar las próximas elecciones.

Un control casi total del Ejecutivo y del FSLN

Türk explicó que el poder está cada vez más concentrado en manos del Ejecutivo y del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que gobierna desde 2007 bajo la figura de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. El informe presentado cubre el período de junio 2025 a junio 2026 y documenta la “captura casi total de las instituciones estatales” por parte del FSLN.

Según los datos, el partido cuenta con mayoría absoluta en el poder legislativo, controla los 153 municipios y domina ambos consejos regionales de la Costa Caribe. Un análisis de 185 votaciones plenarias de la Asamblea Nacional entre junio 2025 y mayo 2026 no registró ni un solo voto en contra ni abstenciones, ni siquiera entre los 15 diputados de partidos que no forman parte de la coalición oficial.

Reformas constitucionales que limitan la competencia electoral

A principios de septiembre la Asamblea aprobó por unanimidad, en la primera de dos legislaturas requeridas, una reforma constitucional que prohíbe la participación electoral de quienes sean catalogados como “traidores a la patria” o “golpistas”. La misma reforma extiende el mandato presidencial de seis a siete años y pospone las elecciones hasta 2028, siempre que se ratifique en una segunda legislatura en 2027. Ortega anticipó la medida diciendo que “no volverá a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el Gobierno”.

Represión y cierre de espacios críticos

El informe subraya que las detenciones arbitrarias son la principal herramienta de represión del Estado. Se registraron al menos ocho casos de desaparición forzada y cuatro muertes bajo custodia, cifras que podrían ser superiores por la falta de acceso al país y el temor de víctimas y testigos. En el último año, cuatro organizaciones de la sociedad civil fueron obligadas a cerrar, elevando a 5 539 el total de entidades disueltas en los últimos ocho años. Asimismo, al menos 56 medios de comunicación fueron clausurados, una cifra que, según Türk, “casi no queda nada por cerrar”.

Contexto histórico y repercusión internacional

Türk recordó que en agosto 2018 la ONU había documentado protestas contra el gobierno de Ortega que dejaron al menos 300 muertos, marcando un punto de inflexión en el endurecimiento del régimen. Desde entonces, la comunidad internacional ha intensificado la presión diplomática y ha impuesto sanciones dirigidas a funcionarios sandinistas, aunque el gobierno nicaragüense sigue rechazando cualquier injerencia externa.

La denuncia de la ONU plantea un escenario de creciente aislamiento para Nicaragua y abre la puerta a nuevas resoluciones del Consejo de Derechos Humanos que podrían derivar en medidas más contundentes. Mientras tanto, la población civil sigue enfrentando la falta de canales de expresión y la amenaza constante de represalias.

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