Sindicatos bolivianos amenazan nuevas protestas tras el fin del subsidio al diésel

El Gobierno de Bolivia eliminó este fin de semana el subsidio al diésel, elevando el precio a 17,95 bolivianos por litro, casi un 83% más que los 9,80 que se pagaban desde enero. La medida, contenida en el Decreto Supremo 5716 firmado el 18 de septiembre, enlaza el costo del combustible al precio internacional y al gasto de importación.

Reacción inmediata de la Central Obrera y los gremios del transporte

La Central Obrera Boliviana (COB) rechazó de plano el decreto y convocó un ampliado nacional de emergencia sin fijar fecha, responsabilizando al Ejecutivo de la posible inestabilidad social. La Confederación de Choferes de Bolivia, liderada por Víctor Tarqui, advirtió que el bloqueo será la herramienta del sector si el Gobierno no revierte la norma. Por su parte, los cisterneros anunciaron que dejarán de cargar y descargar combustible hasta encontrar una solución, mientras en Sucre el transporte urbano retiró unidades como medida preventiva.

Impacto en la canasta básica y en la actividad agrícola

El alza del diésel se percibe como un golpe directo a la economía popular y a la canasta básica, según informó La Voz de Tarija. Vendedoras de mercado expresaron su temor de que los precios de los alimentos suban cuando la carga llegue con el combustible más caro. En la zona agrícola de Yapacaní, productores quemaron copias del decreto y convocaron una reunión de emergencia para buscar alternativas.

El argumento del Gobierno y el paquete de compensación

El presidente Luis Arce defendió la medida señalando que el subsidio era insostenible y que su eliminación ahorraría entre 2.000 y 2.600 millones de dólares anuales. El recorte responde a una exigencia del Fondo Monetario Internacional para desbloquear un préstamo de 1.900 millones de dólares. Para amortiguar el golpe, el ministro de Economía Christian Morales anunció un paquete de diez medidas, entre ellas un segundo Bono PEPE de 750 bolivianos pagado en tres cuotas bimestrales y la mantención de la subvención a la gasolina hasta fin de año.

Antecedentes de conflicto y la sombra del estado de excepción

La polémica se inserta en un contexto de protestas masivas entre mayo y julio, cuando la COB y la Federación de Campesinos de La Paz paralizaron gran parte del territorio exigiendo la renuncia del presidente Arce, provocando pérdidas superiores a 3.000 millones de dólares y dejando un saldo de entre 16 y 22 muertos. Tras esos hechos, Arce decretó estado de excepción el 20 de junio, prorrogado recientemente por la Asamblea por otros 90 días, lo que limita las concentraciones masivas y prohíbe nuevos bloqueos. La incógnita ahora es si los ampliados de la COB y de los choferes escalarán a bloqueos a gran escala bajo el marco restrictivo vigente.

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