Gobierno argentino evalúa la propuesta estadounidense de disolver el Comité de Descolonización y sus riesgos para la causa de Malvinas

El vocero presidencial, Adrián Ravier, declaró en una rueda de prensa que la iniciativa presentada por Washington para eliminar el Comité Especial de Descolonización (C‑24) de la ONU está «bajo análisis» en la Cancillería. La medida, que forma parte de una reestructuración interna de varios órganos multilaterales, ha encendido la alarma entre los diplomáticos y los sectores que defienden la soberanía sobre las Islas Malvinas.

Qué implica la iniciativa de Washington

Estados Unidos presentó a la Asamblea General una propuesta que busca disolver el C‑24, órgano donde Argentina lleva más de tres décadas exponiendo sus argumentos jurídicos e históricos contra la ocupación británica. La eliminación del comité reduciría, según los analistas, la visibilidad internacional de la causa atlántica y obligaría a buscar otros espacios dentro de la ONU para seguir presionando al Reino Unido.

Reacciones de la diplomacia argentina

Inmediatamente después de la presentación del proyecto, diplomáticos de carrera y especialistas en relaciones internacionales advirtieron que aceptar la medida significaría un retroceso en la política de Estado. La oposición también se sumó al reclamo, señalando que el gobierno de Alberto Fernández no puede ceder un foro que ha sido clave para mantener viva la discusión sobre la descolonización.

El papel histórico del C‑24 en la defensa de la soberanía

Desde su creación, el Comité Especial de Descolonización ha permitido a Argentina presentar resoluciones que instan al Reino Unido a retomar negociaciones bilaterales. Cada año, el país ha conseguido el apoyo de la mayoría de los estados miembros, lo que ha convertido al C‑24 en una herramienta diplomática de peso. La posible desaparición del órgano obligaría a replantear la estrategia, quizá trasladando los argumentos a otras comisiones de la Asamblea General, aunque sin la misma especialización.

Escenario interno y próximos pasos del Ejecutivo

Ante la presión, la Casa Rosada adoptó una postura de cautela formal. Ravier reiteró que la decisión final corresponde al Canciller, quien junto a un equipo de analistas está evaluando las implicancias geopolíticas y el impacto en la política exterior. Mientras tanto, el gobierno busca ganar tiempo para articular una respuesta que mantenga la alineación con la Casa Blanca sin sacrificar la demanda histórica por el Atlántico Sur.

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