Organizaciones de discapacidad convienen marcha al Congreso para frenar el proyecto oficial de la Ley de Emergencia
Miles de personas con discapacidad y sus familias protestarán este miércoles en la Capital contra el proyecto oficial que amenaza sus derechos.
Este miércoles 19 de octubre de 2026, a las 11 hs, cientos de representantes de la comunidad de personas con discapacidad y sus familias se congregarán frente al Congreso Nacional. La masiva movilización, organizada por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, busca detener el dictamen de mayoría que el oficialismo presentó para prorrogar la Ley de Emergencia del sector.
La convocatoria y el escenario político
La sesión de la Cámara de Diputados en la que se debatirá la prórroga coincide con la marcha, lo que convierte al día en una verdadera contienda de ideas. Las organizaciones advierten que el texto oficial no constituye una mejora respecto a la normativa vigente y que, al contrario, abre la puerta a retrocesos en prestaciones y derechos consolidados por la Ley 27.793.
Puntos críticos del proyecto oficial
El análisis técnico presentado por el sector muestra una serie de omisiones que, según los expertos, pueden desestabilizar el sistema de asistencia. El artículo 4, por ejemplo, elimina la garantía de que el interés público nacional siga siendo la base permanente de las prestaciones de la Ley 24.901. Los artículos 5 y 6 pretenden que los requisitos de acceso a las pensiones no contributivas queden a merced de reglamentaciones cambiantes, lo que vulneraría la seguridad jurídica de los beneficiarios.
En el artículo 7 se propone una actualización presupuestaria que no contempla una fórmula automática vinculada al Índice de Precios al Consumidor, dejando a los usuarios a merced de la inflación. El artículo 10, por su parte, intenta desvincular el programa Incluir Salud de la cobertura total de la Ley 24.901, exponiendo a miles de usuarios a decisiones discrecionales del Ministerio de Salud.
El artículo 15 exige que recibir pagos parciales o compensaciones no implique renunciar a la posibilidad de reclamar administrativamente o judicialmente los saldos adeudados. En su variante 15 bis se señala el atraso arancelario del 30,67 % reconocido por el Gobierno desde principios de 2025 y se solicita un mecanismo claro para su pago. Finalmente, el artículo 17 contiene una cláusula derogatoria tan amplia que podría anular garantías de la Ley 27.793 antes de que concluya la emergencia actual.
Qué exigen las organizaciones
Frente a esas propuestas, las instituciones del sector piden una prórroga que cuente con respaldo presupuestario real y que mantenga intactos los derechos conquistados. Insisten en que cualquier modificación normativa parta de los principios consagrados en la Ley 27.793 y que se garantice la continuidad de los servicios sin depender de decisiones discrecionales de funcionarios de turno.
Impacto para la comunidad de discapacidad
Para las familias, la incertidumbre generada por el proyecto oficial se traduce en un riesgo palpable: la pérdida de prestaciones esenciales como ayudas técnicas, subsidios de movilidad y pensiones no contributivas. La comunidad recuerda que la Ley de Emergencia se promulgó en 2023 tras la crisis de suministros y la falta de presupuesto, y que su prórroga debía ser una medida transitoria, no una puerta abierta a recortes encubiertos.
La marcha, además de denunciar el proyecto oficial, busca sensibilizar a la sociedad cordobesa y nacional sobre la necesidad de previsibilidad en un esquema que ya atraviesa una situación crítica. Los organizadores esperan que la presión social obligue a los legisladores a replantear el dictamen y a incorporar las garantías exigidas antes de cerrar la sesión.
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