A raíz de los incidentes ocurridos durante la marcha de jubilados del 12 de marzo pasado, una orden judicial puso un freno a un futuro operativo policial por parte de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, para este miércoles 9.
Así lo determinó el juez Roberto Gallardo, quien dio lugar a los amparos presentados por la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) para detener la intervención del Gobierno Nacional en el operativo de seguridad.
Puntualmente, el fallo emitido por Gallardo dispone que el operativo estará a cargo de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, jurisdicción que no adhiere al protocolo antipiquetes esgrimido por Bullrich.
Al fundamentar su decisión, el magistrado aseveró que «no se trata de un planteo abstracto ni de una mera pretensión de control institucional, sino de una solicitud concreta de tutela judicial urgente frente a un riesgo cierto y razonablemente previsible, vinculado a derechos fundamentales» de quienes asisten a la marcha.
Sobre esa línea, agregó: «El riesgo invocado no es meramente conjetural ni hipotético, sino que encuentra sustento en hechos pasados verificables y presumiblemente futuros». De acuerdo al planteo hecho por los gremios, los riesgos van desde lesiones a la integridad física de los manifestantes, a la libertad de expresión y al derecho de reunión, sumado a una superposición sobre la autonomía de CABA.
Cabe destacar que luego de darse a conocer el fallo, el Ministerio presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra el juez que dictó la medida, alegando un «mal desempeño en el ejercicio de sus funciones» y un accionar que «responde a motivaciones ideológicas antes que jurídicas».
