CLIPP exige la derogación de la Ley contra el Odio y otras normas restrictivas en Venezuela

CLIPP vuelve a presionar por la derogación

La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) planteó este viernes a la delegación opositora que dialoga con el chavismo la necesidad urgente de derogar la Ley contra el Odio y otras disposiciones que, según la organización, vulneran derechos fundamentales en Venezuela. El pedido quedó plasmado en un mensaje publicado en la cuenta oficial de la ONG en X, donde se calificó a la normativa como un instrumento utilizado para perseguir la disidencia política y criminalizar la crítica.

La Ley contra el Odio: origen y críticas

Promulgada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, la Ley Constitucional contra el Odio, la Convivencia Pacífica y la Tolerancia nació bajo el impulso de Nicolás Maduro con el argumento de frenar los mensajes que, según el oficialismo, alimentaron las protestas masivas de ese año. Desde su entrada en vigor, la norma ha sido señalada por defensores de derechos humanos como una herramienta para silenciar a la oposición; en 2023, el medio Espacio Público denunció que se emplea para perseguir a quienes expresan críticas incómodas al poder.

Reclamos ampliados por CLIPP

Además de la Ley contra el Odio, el CLIPP solicitó la eliminación de la Ley de Fiscalización de las ONG, sancionada en 2024 y considerada por varias organizaciones como un atentado contra la libre asociación. En el mismo mensaje, la ONG volvió a pedir la liberación de los presos políticos, cuyo número asciende a 322 según el registro de Foro Penal.

El Parlamento abre la puerta a la reforma

El debate legislativo sobre una reforma parcial de la Ley contra el Odio ya se está discutiendo en la Asamblea Nacional. La iniciativa surgió en septiembre, cuando la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, reconoció públicamente el uso abusivo de la norma. En ese momento, Foro Penal informó que 927 personas habían sido acusadas de “incitación al odio” desde la entrada en vigor de la ley. El Tribunal Supremo de Justicia avaló este viernes el proyecto de reforma, declarando que el texto cuenta con “conformidad constitucional” y habilitándolo para su tratamiento en el Parlamento.

Implicancias para la sociedad civil

La delegación opositora, por su parte, informó que mantuvo reuniones con representantes de organismos no gubernamentales para revisar garantías civiles y políticas de cara a la renovación institucional del país. La posible derogación de la Ley contra el Odio y de la Ley de Fiscalización de ONG podría abrir un espacio de mayor libertad de expresión y asociación, aunque el contexto político sigue siendo tenso. La mandataria encargada vinculó su solicitud a una “nueva etapa de convivencia ciudadana”, mientras que la oposición sigue pendiente de los avances legislativos.

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