Córdoba aprueba la reforma del Estatuto del Empleado Municipal

La Comisión de Legislación General del Concejo Deliberante de Córdoba aprobó el despacho que modifica el Estatuto del Empleado Municipal (Ordenanza N° 7244). La decisión se tomó en la sesión del cuerpo legislativo, sin dilación, y ya está a la espera de su reglamentación por parte del Departamento Ejecutivo Municipal.

Unificación de proyectos y alcance de la norma

La iniciativa reunió los proyectos presentados por el Departamento Ejecutivo Municipal y por los bloques Hacemos Unidos por Córdoba, UCR y Frente Cívico. Según explicó la concejala Nicolás Piloni, la medida busca mejorar los controles de ingreso y permanencia del personal en la administración municipal. El nuevo marco normativo abarca a la planta permanente, la transitoria, los contratados y los funcionarios de planta política, ampliando lo que antes se regulaba mediante decretos aislados.

Nuevos requisitos de antecedentes y pruebas de drogas

Entre los cambios centrales, los agentes deberán presentar y renovar anualmente los certificados de antecedentes penales y contravencionales emitidos por la Policía de Córdoba. Además, se exigirá la acreditación en el Registro Nacional de Reincidencia, el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y el Registro de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual. La ordenanza también incorpora estudios de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales en orina, con controles aleatorios o focalizados en áreas operativas sensibles.

Obligación de comunicar imputaciones penales

El personal quedará obligado a informar formalmente cualquier imputación penal o medida judicial que le afecte. La autoridad competente evaluará cada caso antes de abrir un sumario, dejando claro que la simple imputación no implica sanción o suspensión administrativa automática.

Plazo de reglamentación y objetivo de integridad

Una vez aprobada la ordenanza en el recinto legislativo, el Departamento Ejecutivo Municipal dispondrá de treinta días administrativos para reglamentar y publicar la norma. Con esta reforma, la capital provincial establece un estándar actualizado de integridad pública, orientado a reforzar la transparencia en la prestación de los servicios del Estado local.

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