Cuba registra un récord histórico de 1.339 presos políticos en agosto 2026

Cuba cerró el mes de agosto con 1.339 presos políticos inscritos en el informe mensual de la ONG Prisoners Defenders, la cifra más alta que se recuerda en décadas. El recuento incluye 19 nuevas detenciones y siete bajas, lo que supuso un aumento neto de 12 personas respecto al mes anterior. En los últimos doce meses, del 1 de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2026, el registro acumuló 281 nuevos presos políticos, superando cualquier nivel de los últimos tres años con un promedio superior a 23 casos por mes.

El informe de Prisoners Defenders y la escalada de la represión

Según el presidente de la organización, Javier Larrondo, la situación se ha convertido en una verdadera trampa para la población: «Reclamar agua o electricidad puede llevar a la cárcel. Grabar a un agente violando sus funciones también es delito, y el castigo alcanza a madres, padres, hijos y comunidades enteras». El documento subraya que la persecución no se limita al activista detenido, sino que se extiende mediante amenazas, sanciones económicas y la separación forzosa de las familias.

Mujeres y menores: un récord absoluto

De los 1.339 internos, 155 son mujeres, una cifra que la ONG califica como un récord absoluto en décadas. Además, la lista incluye a 38 personas arrestadas cuando eran menores de edad, de las cuales 14 siguen recluidas. Estos números reflejan una tendencia que, según Larrondo, «no son casos aislados, sino la cara visible de cientos de detenciones que se suceden en silencio».

Casos emblemáticos que ponen el foco en la crueldad del sistema

Doraikis Delgado González fue detenida el 7 de julio mientras transmitía en directo una protesta por la falta de electricidad en Alamar, La Habana. Sin orden judicial, la enviaron a la Prisión de Mujeres de Occidente, acusada de «difamación de las instituciones y de los héroes y mártires». Con hemofilia, necesita atención médica que las autoridades le han negado, mientras sus dos hijos quedan al cuidado de vecinos.

Sady Reynaldo Companioni, madre de una niña de seis años, fue arrestada el 28 de agosto en su vivienda de Lawton después de denunciar la ausencia de agua. Cuatro agentes irrumpieron en su casa sin citación y la llevaron frente a su hija, que lloró al verla ser llevada. Fue puesta en el Centro de Torturas El Vivac y, aunque liberada el 2 de septiembre, debe presentarse diariamente a firmar en una unidad policial, manteniendo a su familia bajo constante presión.

Detenciones de menores y la crisis sanitaria en cárceles

El caso de Christian de Jesús Crespo Álvarez, un preso de conciencia de 16 años detenido sin orden durante las protestas de marzo en Morón, ilustra la gravedad del panorama sanitario. Contrajo hepatitis dentro del penal de Canaleta, Ciego de Ávila, y las autoridades se negaron a trasladarlo a un hospital, manteniéndolo en la enfermería del penal y sometiéndolo a agresiones por rechazar la comida en condiciones deplorables. El informe de Prisoners Defenders señala 463 presos con patologías médicas graves y 54 con trastornos mentales graves, todos vinculados a la falta de alimentación, malos tratos y la negación sistemática de atención.

Denuncias internacionales y la respuesta de la ONU

El caso de Ángel Serrano Hernández, condenado a 15 años y golpeado en la prisión de trabajo forzoso La Lima, fue catalogado como detención arbitraria por el Grupo de Trabajo de la ONU, que ya había exigido su liberación. A pesar de la condena, las autoridades cubanas continúan negándole exámenes médicos tras la agresión. En otro frente, Carlos Alberto McDonald Ennis recibió una sentencia de siete años bajo la acusación de pertenecer a Cuba Primero, a pesar de la ausencia de pruebas concretas. Larrondo calificó la condena como «una sentencia de muerte velada» que evidencia la política de castigo colectivo.

Con 2.167 presos políticos contabilizados desde julio de 2021, la ola de detenciones y la falta de asistencia médica ponen en evidencia una crisis de derechos humanos que, según la ONG, sigue sin recibir la atención necesaria de la comunidad internacional.

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