Durante la jornada del martes, el juez federal Alejandro Sánchez Freites hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el Gobierno Provincial para acceder al Mercado Único de Cambio para adquirir los dólares necesarios para afrontar su deuda en moneda extranjera.
En el fallo, el magistrado ordenó la inaplicabilidad de la medida tomada por el Banco Central para restringir el acceso de las provincias a dicho dispositivo.
La decisión del BCRA generó reacciones negativas por parte de las provincias, y en el caso de Córdoba la noticia cayó particularmente mal dado que esta debe cubrir una cuota de su deuda, cuyo vencimiento es este 10 de junio.
La autoridad monetaria nacional estableció la restricción de acceso al Mercado Único con el objetivo de que el desendeudamiento en moneda extranjera del país se lleve a cabo «a un ritmo que resulte compatible con las necesidades de divisas de la economía y la estabilidad cambiaria».
Teniendo esto en cuenta, el BCRA anunció que «procederá a interponer los recursos de ley contra la medida cautelar». En tanto, un detalle no menor es que la justicia cordobesa se declaró incompetente en la causa y ordenó la remisión de las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
