Estados Unidos endurece su postura contra Cuba: sanciones a empresas y funcionarios clave de la dictadura
La administración estadounidense endurece su postura contra el régimen cubano con sanciones a empresas y funcionarios clave

La administración estadounidense ha decidido endurecer su postura contra el régimen cubano, imponiendo una nueva ronda de sanciones que apuntan directamente a las empresas y funcionarios clave de la dictadura. El objetivo principal de estas medidas es el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), un poderoso conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) que tiene una amplia presencia en sectores estratégicos de la economía cubana.
GAESA fue creado en 1995, durante el denominado “Período Especial”, una grave crisis económica que sufrió Cuba tras el colapso de la Unión Soviética. Inicialmente, su objetivo era generar ingresos en moneda extranjera para las Fuerzas Armadas y administrar negocios capaces de captar divisas. Sin embargo, con el tiempo, el grupo ha expandido su presencia hacia áreas como turismo, comercio, logística, transporte, finanzas e infraestructura, convirtiéndose en una pieza central del poder económico del régimen cubano.
Las sanciones impuestas por Estados Unidos también afectan a varias compañías relacionadas con GAESA, como Tecnoimport y Tecnotex. Tecnoimport es señalada por Estados Unidos como la empresa encargada de adquirir productos técnicos y suministros destinados a las Fuerzas Armadas cubanas, y se cree que ha participado en compras de bienes relacionados con sectores militares de Rusia y China. Por otro lado, Tecnotex ha sido incluida por su presunta participación en programas destinados a renovar equipos de origen ruso utilizados por Cuba, especialmente aeronaves y helicópteros.
Además de las sanciones a empresas, Estados Unidos también ha sancionado a figuras clave de la dirección militar del régimen. Entre los funcionarios señalados se encuentran el general Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y el general Roberto Legra Sotolongo, jefe del Estado Mayor General y viceministro primero del Minfar. Ambos ya habían sido sancionados por Estados Unidos tras las protestas ocurridas en Cuba en julio de 2021, cuando miles de ciudadanos salieron a las calles para reclamar cambios políticos y mejoras económicas.
Las medidas estadounidenses también apuntan contra instituciones encargadas de fabricar, reparar y mantener equipos utilizados por las Fuerzas Armadas, como la Unión de Industria Militar (UIM) y la Empresa Militar Industrial Yuri Gagarin. La UIM es una estructura dedicada a la producción y reparación de armamento y tecnología militar, y se cree que ha colaborado con compañías de defensa rusas para modernizar sistemas de armas heredados de la época soviética. Por otro lado, la Empresa Militar Industrial Yuri Gagarin es especializada en el mantenimiento de helicópteros y aeronaves militares de fabricación rusa.
Con estas sanciones, Estados Unidos busca limitar las fuentes económicas y operativas de la estructura militar cubana, mientras aumenta la presión sobre los principales funcionarios y entidades vinculadas al aparato de defensa del régimen. El objetivo es claro: debilitar la dictadura cubana y promover un cambio político que beneficie a la población cubana.
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