Finalmente cayó La Trenza en Córdoba

Tras siete largos meses de audiencias y mucha incertidumbre, el juicio a los miembros de La Trenza finalmente llegó a su fin.

La Trenza era un grupo de 20 personas, todos operarios del Poder Judicial, quienes realizaban remates fraudulentos para sacar ganancias económicas.

Esta asociación ilícita -una de las tantas que opera en los organismos a cargo de mantener la ley y el orden en Córdoba- funcionó desde los años 90 hasta el 2017.

¿Cómo funcionaba este grupo?

Los miembros de La Trenza (también conocida como La Liga) copaban los remates judiciales e impedían que se llevaran a cabo las pujas de forma espontánea, consiguiendo de esta forma bienes materiales a precios muy bajos.

Posterior a dichos remates, otra fracción de la organización llevaba a cabo la misma modalidad en otras subastas callejeras. Las ganancias obtenidas luego se repartían entre los miembros.

A modo de garantizar la mayor ganancia sin levantar sospechas, los miembros de La Trenza incurrían en amenazas y aprietes tanto a los martilleros como a oferentes y subastadores, fijando precios e impidiendo el acceso de terceros a las subastas.

Estas acciones fraudulentas pasaron desapercibidas durante dos décadas (tal y como suele ocurrir con otras operaciones ilegales llevadas a cabo por miembros de la Justicia) hasta el inicio de una investigación periodística, sumado a la denuncia del abogado Miguel Ortíz Pellegrini contra su clienta, Ana María Ghislieri.

En la presentación judicial, Pellegrini denunció que Ghislieri le reclamaba la mitad de una propiedad que había sido rematada en un 50% por su ex pareja. Los dos principales imputados, Walter Bucheme y Roberto Alfredo Ponce, habían llevado a cabo un contrato de alquiler falso sobre el inmueble, cediéndole la vivienda a los hermanos Daniel Gustavo y María José Costa por un total de 10 años.

El falso contrato contó con la firma de otro de los imputados, el escribano María Gontrero Cornavaca. Ponce actuó en esta transacción como un prestanombre.

A raíz de esta denuncia en particular, la causa principal iniciada en los 90 volvió a tomar vuelo, y el fiscal Enrique Gavier llevó adelante el juicio.

El juicio

Una vez que se reunieron más datos sobre la situación en Tribunales, la lista de imputados pasó de 5 a 20, y Gavier ordenó realizar allanamientos.

En los mismos se secuestraron vehículos y motocicletas de alta gama, y se dio inicio al juicio en la Cámara 10° del Crimen. Los siete meses siguientes fueron marcados por declaratorias en donde la gran mayoría de los acusados reconoció formar parte de esta asociación ilícita y haber participado en los hechos por los cuales se encontraban declarando.

La lista de imputados

• Walter José Bucheme
• Roberto Alfredo Ponce
• Ernesto Ariel Cuestas
• Jonatan Cuestas
• Nahuel Jesús Cuestas
• Elvio Nicolás CUestas
• Roberto Juan Fakiani
• Luis Miguel Pavone Russo
• Ángel Carlos Pacheco
• Ángel Federico Pacheco
• Juan Matías Altamirano
• Raúl Ernesto Baigorrí
• Cristian Nelson Baigorrí
• Deigo Leonardo Desiderio
• Victor Hugo Merlo
• Karina Andrea Villora
• Norberto Fabián Ambrosioni
• Walter Guillermo Bucheme González
• Germán Garayzábal
• Cristian Walter Moiso
• Federico Bizzocchi
• Luís María Gontero Cornavaca
• Daniel Gustavo Costa
• María José Costa

Cabe destacar que dentro de esta lista, no todos los imputados son miembros del Poder Judicial. Walter Guillermo Bucheme González (hijo de Walter José Bucheme) es corredor inmobiliario; mientras que Pavonne Russo es un empresario ligado a estaciones de servicio, por ejemplo.

En su expediente, el fiscal Gavier remarcó lo siguiente:

«El propósito central mancomunado por todos y cada uno de los integrantes de la organización es considerar una suerte de monopolio de esta organización, a través de conductas ora fraudulentas, ora violentas, impidiendo la concurrencia libre a las subastas judiciales por parte de terceros, fijando precios, perjudicando a deudores y obteniendo pingÜese ilegítimas ganancias.»

Expediente del fiscal Enrique Gavier sobre la causa de La Trenza

Al final del juicio, Bucheme y Ponce fueron condenados a 7 y 5 años de prisión, respectivamente. La pena a Bucheme surge a raíz de ser el jefe de la organización y haber incurrido en otros delitos contra la propiedad y la fe pública.

Ernesto Ariel Cuestas, por su parte, también recibió una pena de 5 años tras haber confesado los delitos en un juicio abreviado.