Alfonso Mosquera, Ministro de Seguridad de Córdoba, presentó una denuncia penal para que se investigue a las fiestas clandestinas.
Por tal motivo, se instruyó a la Dirección General de Control de Conducta Policial para que investigue el caso.
La sospecha radica en la presunta participación de policías en la liberación de zonas para realizar eventos.
También se investiga si los oficiales recibieron coimas para permitir las fiestas clandestinas.
Fueron las declaraciones de un supuesto organizador de eventos las que dispararon las sospechas.
«Usualmente los policías que me reciben dinero son amigos que conozco y justo les toca hacer guardia. En dos ocasiones me tocó pagar a extraños. A uno le di dos mil pesos y al otro 6.500”.
De ahí que se inició una investigación para deslindar cualquier tipo de responsabilidades dentro de la fuerza policial.
Ahora toca demostrar con pruebas que los policías efectivamente recibieron los sobornos.
De comprobarse el delito, se conocerá también los nombres de las personas que organizan los mencionados eventos.
Así también como la metodología que utilizaron para organizar fiestas que, en algunos casos, fueron multitudinarias.
Otro de los detalles que también se suma la polémica es la responsabilidad social.
Porque las personas que asisten a este tipo de eventos tienen información de sobra sobre los peligros de la pandemia.
Todos los que pasan un noche de diversión están al tanto de la cantidad de infectados que se producen a diario.
A esas personas también cabe una parte de la responsabilidad. Desgraciadamente, la misma se diluye entre la multitud.
