La sombra de la impunidad: otro preso político muere bajo custodia en Venezuela

La situación de los presos políticos en Venezuela ha vuelto a tomar un giro trágico con la muerte de José Manuel García Sabino, un ex concejal que había denunciado actos de corrupción en la alcaldía de Anaco. Su fallecimiento, confirmado por la organización no gubernamental Foro Penal, eleva a 20 el número de personas detenidas por motivos políticos que han perdido la vida en cárceles venezolanas desde 2014.

El cuerpo de García Sabino fue encontrado por funcionarios dentro de los calabozos de la Policía Municipal de Anaco, en el estado de Anzoátegui, a unos 400 kilómetros de Caracas. Aunque las autoridades policiales y el Ministerio Público no han proporcionado información oficial sobre las causas de su muerte, se ha iniciado una investigación para determinar las circunstancias exactas del deceso.

Este caso se produce apenas dos días después de que las autoridades venezolanas admitieran la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, otro preso político cuyo fallecimiento había sido mantenido en secreto durante nueve meses. Quero Navas, de 51 años, fue detenido arbitrariamente sin orden judicial y su familia tuvo que realizar gestiones en varios centros de reclusión para tratar de ubicarlo, sin recibir confirmación sobre su paradero.

La falta de transparencia en el trato a los presos políticos y sus familiares ha sido condenada por organizaciones como Foro Penal y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, que señalan la falta de atención médica oportuna y el ocultamiento deliberado de la muerte como graves violaciones a los derechos humanos. Ambos casos ilustran la situación precaria de las personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela, donde, según el último conteo de Foro Penal, permanecen 454 presos políticos.

La captura del exdictador Nicolás Maduro en enero de este año y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina llevaron a la impulsión de una ley de amnistía para la liberación de presos políticos. Sin embargo, el proceso se ha desarrollado sin la transparencia necesaria, y los registros de liberaciones elaborados por organizaciones no gubernamentales no coinciden con los escasos datos oficiales disponibles. Las instituciones estatales responsables de estos reportes continúan bajo control de sectores vinculados al chavismo, lo que dificulta la verificación independiente de la situación de los detenidos y de los fallecimientos ocurridos bajo custodia del Estado.

La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos han llamado la atención sobre la situación de los presos políticos en Venezuela, exigiendo una investigación exhaustiva y transparente sobre los fallecimientos ocurridos en cárceles y la liberación de todos los detenidos por motivos políticos. La sombra de la impunidad sigue rondando en Venezuela, y es hora de que se tomen medidas concretas para garantizar la justicia y los derechos humanos en el país.

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