El 25 de septiembre, la diputada Vanesa Siley (Frente de Todos) pidió que se realice un juicio político contra el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, por su accionar en causas por delitos de lesa humanidad.
El pedido, solicitado por «mal desempeño» y «eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones», se llevó a cabo apelando a las denuncias hechas en el 2017 por organismos de derechos humanos, luego de que el presidente votara a favor del 2×1 a represores.
Cabe destacar que el pedido de juicio político se realizó cuatro días antes del per saltum del máximo tribunal, el cual prohíbe los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.
En el año 2017, los organismos de derechos humanos pidieron el juicio contra Rosenkrantz tras su voto en el caso Muiña. Por su parte, el pedido de la diputada, aparte de hacer eco de esa denuncia, también se funda sobre otros casos en donde el voto del presidente de la Corte Suprema terminó beneficiando a personas acusadas de cometer delitos de lesa humanidad.
«Rosenkrantz obstruye el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Sus compromisos políticos y económicos con corporaciones y personas vinculadas a la responsabilidad civil en la última dictadura militar están frenando el tratamiento de causas»
Vanesa Siley – Diputada por el Frente de Todos
Dentro de su pedido, Siley menciona que Rosenkrantz favorece y asegura «la impunidad de los responsables del terrorismo de estado». Entre los ejemplos, se encuentra el caso Ledesma, que investiga el accionar del Grupo Ledesma durante la última dictadura; la diputada expresa que existen vínculos entre el presidente de la Corte y la familia de Carlos Pedro Blaquier, ex dueño del Ingenio Ledesma.
«Esos vínculos se extienden a Agustina Cavanagh, esposa de Rosenkrantz, quien integra la ONG «cimientos» junto a Miguel Blaquier, ex abogado de la empresa azucarera y sobrino directo del principal imputado en la causa»
Fragmento del pedido de juicio político
De acuerdo a la diputada, en el caso Rufino Batalla, cuya resolución -en palabras de Siley- tuvo un desenlace similar al de Muiña.
«Rosenkrantz despreció y confrontó de manera inadmisible los principios fundamentales que determinan el carácter inamnistiable de estos crímenes (…) la decisión tomada por este ministro en los casos Muiña y Rufino Batalla agravia de modo intolerable e inaceptable tanto a las víctimas de los delitos de lesa humanidad, a sus familiares y a la sociedad democrática en su conjunto (…)»
Fragmento del pedido de juicio político
Al final de su documento, Siley explicita que no hubo instancia en donde Rosenkrantz hubiese convocado a la Comisión Interpoderes, estructura especializada en la «búsqueda de transparencia y celeridad en los juicios de lesa humanidad»
