Venezuela: la ruta judicial que la transición no puede obviar
La continuidad del TSJ es el punto de partida indispensable para una transición democrática en Venezuela.
El Tribunal Supremo de Justicia como eje de cualquier proceso de transición
En el debate sobre una posible transición política en Venezuela, la continuidad del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) juramentado en 2017 por la Asamblea Nacional democrática se presenta como un requisito indispensable. Los magistrados, designados bajo un mandato constitucional de doce años, siguen vigentes hasta 2029 y constituyen la única autoridad judicial cuya designación respeta los procedimientos democráticos establecidos por la Constitución.
Los intentos de desestimar su vigencia, impulsados por sectores que no cuentan con respaldo constitucional, son calificados como peligrosos para la institucionalidad del país. La ausencia de una base legal que legitime la supresión de estos mandatos vulnera la seguridad jurídica y abre la puerta a nuevas controversias sobre la composición del máximo tribunal.
¿Por qué la justicia es el primer paso de una transición ordenada?
Restaurar la independencia del poder judicial permite sentar las bases para una estabilización democrática. Un TSJ funcional puede supervisar la reorganización del sistema electoral, garantizar la protección de los derechos de propiedad y velar por el cumplimiento de obligaciones contractuales, elementos esenciales para la recuperación económica de Venezuela.
Además, la reincorporación progresiva de los magistrados habilita un mecanismo institucional inmediato para reforzar la confianza tanto nacional como internacional. Sin un órgano judicial sólido, cualquier intento de convocar elecciones libres y verificables perdería credibilidad ante observadores externos.
Los lineamientos de una transición constitucional
El marco propuesto para la transición debe partir del respeto estricto a la Constitución. Eso implica que cualquier autoridad ejecutiva transitoria solo pueda ejercer las facultades expresamente previstas en la carta magna, evitando así ilegalidades que deslegitimen el proceso.
En paralelo, se deben designar autoridades electorales independientes, acelerar la convocatoria de elecciones presidenciales y parlamentarias bajo supervisión judicial y observación internacional, y restablecer una Asamblea Nacional elegida de manera legítima para nombrar a las autoridades permanentes.
Cooperación internacional y justicia transicional
El TSJ ha manifestado su disposición a colaborar con la comunidad internacional, incluidos Estados Unidos y organismos multilaterales, en iniciativas técnicas y humanitarias que favorezcan una transición sostenible. La creación de mecanismos temporales de evaluación judicial y de justicia transicional, compatibles con el derecho internacional de los derechos humanos, permitirá abordar violaciones graves y garantizar la no repetición.
Consultas con académicos, asociaciones profesionales, sociedad civil y expertos independientes serán esenciales para diseñar reformas que fortalezcan la independencia judicial y la transparencia electoral, pilares de cualquier proceso democrático duradero.
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