La Justicia abre la puerta a un amparo colectivo de abogados contra la polémica reforma laboral
Un juez federal ha resuelto que un amparo colectivo presentado por el Colegio Público de la Abogacía debe tramitarse como una acción colectiva.
La reforma laboral que impulsa el Gobierno ha generado un nuevo frente de controversia, esta vez en el ámbito judicial. Un juez federal ha resuelto que un amparo colectivo presentado por el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal debe tramitarse como una acción colectiva, lo que abre la puerta a un proceso judicial que podría cuestionar la constitucionalidad de la reforma.
El amparo, que fue presentado por el Colegio Público de la Abogacía, cuestiona dos artículos de la Ley 27.802, que consideran que restringen el ejercicio profesional de los abogados laboralistas. Los artículos en cuestión se refieren a la responsabilidad solidaria de los abogados por las costas en caso de sobreestimación de los créditos reclamados y a la posibilidad de pagar las sentencias laborales en cuotas.
La demanda sostiene que estos artículos vulneran el ordenamiento constitucional y coaccionan a los abogados y abogadas, al importar un cercenamiento objetivo sobre las posibilidades de plantear una demanda de índole laboral. Además, se argumenta que la reforma genera una discriminación respecto de los profesionales que litigan en otros fueros y vulnera garantías constitucionales como la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad y el derecho de acceso a la Justicia.
El juez Martín Cormick, quien se encuentra a cargo del caso, resolvió que el expediente debe tramitar como un proceso colectivo, al considerar acreditada la legitimación del Colegio Público de la Abogacía para representar a los abogados alcanzados por la norma. La resolución también ordenó la inscripción del expediente en el Registro de Procesos Colectivos y precisó que el grupo alcanzado está integrado por los abogados y abogadas matriculadas ante el Colegio Público de la Abogacía que litiguen ante el fuero del Trabajo.
La presidenta del Colegio Público de la Abogacía, Alejandra García, destacó que la resolución constituye un primer paso importante porque admite que el Colegio Público representa adecuadamente los intereses de las abogadas y los abogados alcanzados por esas disposiciones y habilita que la causa continúe como proceso colectivo. García también sostuvo que la posibilidad de diferir en cuotas el pago de los honorarios profesionales es una medida que desconoce el carácter alimentario de su retribución y posterga aún más el cobro de quienes ya esperan años hasta la finalización de un juicio laboral.
El caso es de gran importancia ya que podría sentar un precedente en la interpretación de la reforma laboral y su impacto en el ejercicio profesional de los abogados laboralistas. La tramitación del amparo colectivo también podría generar un debate más amplio sobre la constitucionalidad de la reforma y su impacto en los derechos de los trabajadores y los profesionales del derecho.
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